Un reglamento regional castiga las nuevas barreras arquitectónicas con multas de hasta 50 millones

Madrid puede ya castigar a aquellos que construyan edificios o espacios públicos sin garantizar su accesibilidad. Desde finales de mayo está en vigor el reglamento sancionador que desarrolla la Ley regional de eliminación de barreras arquitectónicas de 1993. Han sido seis largos años de trabajo para alumbrar un reglamento que establece multas desde las 50.000 pesetas a los 50 millones, según la infracción sea muy grave, grave o leve.Se consideran infracciones muy graves, penadas con multas de 10 a 50 millones, el incumplimiento de la ley de accesibilidad en las nuevas obras que se realicen en espacios públicos y en edificios públicos o privados con gran concurrencia de ciudadanos. Se castiga también de una forma severa que las instituciones no reserven un 3% de sus pisos sociales como viviendas adaptables a las necesidades de los discapacitados.

El reglamento califica como faltas graves, penadas con multas de 1 a 10 millones de pesetas, que los edificios nuevos o rehabilitados destinados a vivienda no sean accesibles. También se castigará así a las empresas de transporte público que no eliminen las barreras en sus nuevos vehículos.

Por último, se consideran infracciones leves, con penas de 50.000 pesetas a 1 millón, aquellas acciones que contravengan la ley de eliminación de barreras, pero sin imposibilitar el acceso a ese servicio de los discapacitados. Para establecer los castigos se tendrá en cuenta el perjuicio causado, el coste económico que supone eliminar la barrera, la intencionalidad y la reincidencia. Todo el dinero que se recaude de estas sanciones irá a parar al Fondo para la Supresión de Barreras y Promoción de la Accesibilidad. El inicio del procedimiento de infracción corresponde a la administración local donde ésta ocurra.

La ley de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas entró en vigor en junio de 1993. Pero para que pudiese aplicarse era necesario elaborar antes una serie de reglamentos que concretasen su contenido. Y para consensuar dichos reglamentos había que crear el Consejo regional de accesibilidad, con representantes municipales, autonómicos y de asociaciones de discapacitados.

El Consejo se creó en 1995, unos días antes de las elecciones que desbancaron al PSOE del Gobierno regional. Fue ya durante el mandato del PP cuando comenzó a celebrar sesiones. El reglamento sancionador llevó numerosos borradores hasta llegar al texto final consensuado entre todos. Ahora, también a unos días de las elecciones, el Ejecutivo de Ruiz-Gallardón quiere aprobar otro reglamento básico para la Ley de eliminación de barreras: el técnico, que fija al detalle las medidas que deben de cumplir los edificios para ser accesibles.