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Reportaje:

La costa de los conflictos

En una plaza de Barbate (Cádiz) suenan casi a la vez varios teléfonos móviles. Un grupo de chavales recién entrados en la veintena salta del banco como con un resorte, agarran el ciclomotor y ponen rumbo a la playa. Una lancha con motor se aproxima a la costa y deja en la orilla unos fardos con droga antes de poner de nuevo la proa hacia Marruecos. De entre los pinares sale la chavalería, que carga con los fardos y los transporta al punto convenido. En el pueblo los llaman busquimanos. Ingresan unas 250.000 pesetas por cada bulto que entregan en el lugar fijado. La radiografía de estos jóvenes deja ver el fracaso escolar y, en muchos casos, el desarraigo social. Pero, según los datos que manejan los investigadores, llevan consigo, sobre todo, los valores de una vida "acomodaticia", que le permite ingresar importantes cantidades de dinero por poco trabajo. Una "nómina" que ni tributa ni se controla. "Es muy difícil actuar, muy difícil", reflexiona Miguel Osuna, subdelegado del gobierno en Cádiz, "una pequeña parte de la población se ha acostumbrado a vivir del dinero fácil y al margen de la ley". El fenómeno se agudiza a partir de 1987, cuando se recorta el convenio de pesca con Marruecos, porque Barbate es, antes que nada, una población pesquera y conservera, de gente que echa duras jornadas de mar para llevar a casa la mitad de lo que ganan otros con dos carreras por la playa. La flota fue mermando y sobrevino una crisis económica que cogió a Barbate en la peor de las disposiciones para afrontarla. El Ayuntamiento no tramitaba las sanciones que imponía la Subdelegación del Gobierno, la Guardia Civil tenía bastante con controlar la costa y la Policía Local estaba "encerrada, sin salir", recuerda Osuna. El fenómeno ilícito de la costa ha ido trasladando sus efectos al casco urbano: "Cada control de tráfico que hacemos nos asegura un incidente de orden público, porque no están acostumbrados", dice el subdelegado. Pero esos efectos relativos a la falta de "respeto a la autoridad" se quedan en poca cosa si se comparan con la trascendencia económica del narcotráfico: el precio del suelo en el litoral barbateño se ha duplicado y casi agotado en los últimos cinco años; la Agencia Tributaria ha incrementado el número de expedientes y de sanciones por incremento injustificado de patrimonio, aunque no siempre es fácil encontrar una relación directa con el narcotráfico. Y todo esto ocurre en un litoral privilegiado, de playas de arena blancas y aguas limpias, protegido por un parque natural. Barbate podría tener su futuro asegurado al margen de actividades ilícitas. "Ahora hay proyectos y perspectivas de futuro, porque Barbate es una de las poblaciones más ricas de la provincia, pero antes hay que controlar las actividades ilegales", relata Osuna. Hasta nueve candidaturas han presentado listas para lo próximos comicios locales en Barbate. Cuatro de ellas independientes. Algunas fuentes señalan que detrás de alguno de esos colectivos hay intereses de constructores. Fue José Chamizo, defensor del Pueblo Andaluz, el primero en advertir, hace unos años, de la articulación económica de las listas independientes. La Comunidad, una asociación contra la droga, ha presentado a todos los partidos sus propuestas para acabar con el narcotráfico: "Las instituciones no pueden ni deben vivir de espaldas a la realidad de la droga y, mucho menos, no contraer compromisos decididos de lucha contra los narcotraficantes", dicen en su manifiesto. En cambio, mientras aquí se ha agravado el conflicto, la situación ha mejorado en La Línea. El intenso control que ejerce la Guardia Civil durante el último año y la actuación del Gobierno gibraltareño contra las lanchas rápidas han dado resultado, informa Cándido Romaguera. Las planeadoras no cruzan desde el Peñón hasta La Línea más que en contadas ocasiones. Ahora los contrabandistas utilizan otras vías: el transporte por contenedores o el trasiego de las llamadas matuteras, mujeres que introducen cajetillas de tabaco adosadas a su cuerpo. También surgen nuevos métodos, como el lanzamiento de fardos con hachís desde los ferrys que cubren el trayecto entre Algeciras y Ceuta, una vez alcanzada la Bahía algecireña. Motos acuáticas se encargan del transporte.

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