Desigual valoración de las asociaciones judiciales sobre la autorregulación de los juicios televisados

La autorregulación estudiada por las cadenas públicas de televisión sobre el tratamiento que debe darse a la transmisión de juicios ha sido acogida por las asociaciones judiciales como el intento de llenar un vacío. No obstante, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, José Luis Requero, considera insuficiente que el convenio se quede sólo en las vistas orales, y defiende su ampliación a las filtraciones, al respeto por el secreto sumarial y al trato de personas presuntamente responsables de hechos delictivos, evitando condenas o absoluciones a personas "por intereses de cada medio de comunicación", según declaró a la agencia Efe.Jueces para la Democracia, progresista y minoritaria, interpreta lo que se conoce del convenio -desvelado ayer por EL PAÍS- como una iniciativa favorable a la "transparencia informativa" que necesita la Administración de Justicia, "para que los ciudadanos, que tienen una opinión negativa de la misma, sepan todo y no sólo lo escandaloso", comentó su portavoz, Ricardo Bodas.

El de la minoritaria y moderada Asociación Francisco de Vitoria, Lorenzo Pérez , consideró importante la autorregulación en sí misma; mientras que al portavoz de la Unión Judicial Independiente, José Manuel Maza, le parece necesario que la regulación se haga por medio de una ley. En igual sentido se pronunció la diputada del PNV, Margarita Uría, quien declaró que, por afectar al derecho fundamental de la información, tal regulación ha de hacerse "mediante ley orgánica, al margen de que la voluntad de autorregularse sea una buena noticia".

El convenio que se negocia tiende a evitar, desde un compromiso ético, que puedan repetirse los tratamientos que programas televisivos de gran repercusión, como Missisipi o El Pelícano, dieron a importantes casos judiciales. No obstante, las cadenas privadas que los emitieron no participan en las reuniones celebradas para consensuar dicho convenio que, entre otros puntos, pretende que las televisiones se abstengan de emitir intervenciones de los testigos o peritos mientras, en paralelo, se está produciendo la vista oral.