Sociedades de consejeros de Huarte cobraron 2.000 millones de pesetas por trabajos inexistentes

Dieciséis sociedades vinculadas a los miembros del consejo de Hasa y de Huarte facturaron a esta constructora 2.000 millones de pesetas, durante el periodo comprendido entre 1991 y 1995, por trabajos cuya realización ponen en duda los peritos judiciales. Mientras los interventores de la suspensión de pagos de Huarte aseguran que dos de esas empresas servían para retribuir a Mario Caprile y a Joaquín Casasús, responsables de la constructora, los peritos destacan en su informe final que muchos de estos supuestos trabajos no constan en los archivos ni en las actas del consejo.

Alade Ibérica y Grupo Aristos, sociedades que supuestamente trabajaban para Huarte, sirvieron como "instrumento" para hacer efectiva la retribución que percibían de la constructora Mario Caprile y Joaquín Casasús, presidente y vicepresidente de la compañía hasta la suspensión de pagos que arrojó un pasivo de 90.000 millones de pesetas. Ambos están imputados como presuntos autores de varios delitos.Un informe pericial emitido el pasado día 22 de abril por encargo del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón señala que estas dos sociedades, así como Aristos Internacional, suscribieron contratos de servicios con Huarte que fueron firmados únicamente por Hasa, representada por Casasús y por Caprile. Los dos directivos estaban vinculados a las citadas sociedades durante el periódo de vigencia de dichos contratos.

Pero los supuestos servicios de estas empresas a Huarte no han podido ser acreditados. El juzgado solicitó una relación de los informes, estudios y documentos elaborados para Huarte por estas tres empresas y la compañía no los ha facilitado. En los casos de Alade Ibérica y del Grupo Aristos ha manifestado expresamente que no constan ni en los archivos de la constructora ni en las actas del consejo.

Los peritos dudan de la existencia de estos supuestos servicios y destacan que las plantillas de Alade Ibérica y del Grupo Aristos eran escasas. Tanto el examen de la facturación de estas empresas como el de Brocesa, Geproinsa y Operasa, otras empresas vinculadas a los consejeros, "evidencia que los conceptos por los que facturan (tales como servicios profesionales, honorarios de gestión, asistencia técnica y similares) son de tal generalidad que impiden conocer la naturaleza específica de los servicios prestados. No hemos podido verificar la realización efectiva de los servicios facturados". Estas cinco empresas facturaron más de 700 millones a Huarte.

En un registro efectuado por el juzgado en la sede de sociedades vinculadas se encontraron dos escritos con instrucciones para que NCA y Asociados, Serbal Informática Avanzada, Maratón y AP&S, otra sociedades ligadas a los consejeros, facturaran a Huarte pagos por 20 millones satisfechos al organismo público INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música).

- Avión privado. En diciembre de 1990, Hasa contrató con Gestair, SA, el alquiler de un avión privado para uso del grupo Hasa-Huarte. Hasta la suspensión de pagos, el monto total de este contrato supuso 900 millones de pesetas. Un gasto que ha llamado la atención de los peritos, quienes destacan en su informe que el coste de los viajes efectuados no habría superado los 50 millones de pesetas en líneas regulares.

- Deuda irrecuperable. Huarte financiaba al grupo Hasa, cuya principal actividad era la inmobiliaria. Según los peritos, el endeudamiento del grupo Hasa con Huarte deterioró progresivamente la situación económica de ésta última, que, a su vez, se endeudó con los bancos. Las sociedades de Hasa cancelaron parte de esa deuda mediante cesión de activos inmobiliarios, participaciones en empresas del grupo y derechos de cobro que eran de "difícil recuperación". En la fecha de la suspensión de pagos, marzo de 1996, la deuda de Hasa ascendía a 26.853 millones de pesetas.

- Reparto de dividendos. Los peritos destacan que los estados financieros de Hasa durante los años 1992, 1993 y 1994 no reflejaban la realidad de la grave situación por la que atravesaba y critican a Peat Marwich, que en sus auditorías incluyó "salvedades importantes" pese a conocerlas. "Los acreedores, proveedores y financiadores de Hasa y de Huarte no pudieron evaluar los riesgos que engendraba realizar operaciones con dichas sociedades, con el consiguiente perjuicio para sus intereses económicos", dice el informe de 525 páginas.

Con cargo a los ejercicios de 1992 y 1994, Huarte repartió dividendos por 3.764 millones. Y se basó en unas cuentas que no reflejaban la situación económica y patrimonial real de la empresa. Para los peritos, las actas de los consejos y juntas de accionistas, de 1992 y 1993, reflejan que los consejeros de Hasa y de Huarte "conocían la grave situación económica de la primera".

- Préstamos a consejeros. Durante el periódo analizado, Hasa otorgó préstamos a los consejeros por 72 millones de pesetas. El dinero se reintegró después de la suspensión de pagos.

- Operaciónes Pricia y Viso. Huarte compró a Hasa las acciones de la sociedad Pricia Corporation, domiciliada en las Antillas Holandesas, por 25 millones de dólares. Para los peritos, está operación ha sido lesiva para Huarte, a quien supuso una pérdida de al menos 19,7 millones de dólares. Huarte aceptó medios de pago de "difícil o imposible realización" por 17,9 millones de dólares. De dichos medios, 16,7 millones de dólares fueron trasmitidos por Casol, sociedad panameña que compró Pricia a Huarte en 1994, y de la que era apoderado el propio Joaquín Casasús.

Sobre la compra de las acciones del Hotel el Viso, el informe asegura que fue perjudicial para los intereses de Huarte, "tanto por el precio pagado como por la financiación posterior".