Orihuela, la Palermo alicantina

Capital de La Vega Baja, Orihuela, ciudad histórica que vio nacer al poeta Miguel Hernández, ha sido el reducto más sólido del PP valenciano, que gobierna en esta población de 50.000 habitantes desde 1986 con una abrumadora mayoría absoluta. Ese año, Luis Fernando Cartagena, un médico apuesto y estirado, arrebató el poder a otro médico, el histórico socialista Vicente Escudero, que dimitió para evitar perder una moción de censura. Cartagena arrasó después en su primera cita con las urnas como cabeza de lista, y repitió resultados en las dos convocatorias posteriores. Orihuela era el fortín del PP, un indiscutible granero de votos, y su alcalde comenzaba a acumular cargos, primero provinciales, luego nacionales y autonómicos. Las denuncias por corrupción que ahora colapsan los juzgados oriolanos se remontan a la etapa inicial de Cartagena al frente del Consistorio, cuya referencia es obligada para entender el devenir de los últimos años. Aquel gobierno conservador no tardó en descubrir que la franja costera del municipio, a 30 kilómetros de la ciudad, era un diamante sin pulir. Y comenzaron a aflorar urbanizaciones, muchas de ellas sin licencia. La Generalitat, entonces en manos de los socialistas, trató de cortar los excesos urbanísticos, aunque Joan Lerma actuó más preocupado por atajar el incipiente poder del PP en La Vega Baja que en aplicar la legislación urbanística. Hoy, en partes de esa costa no se ve el mar, los edificios se levantan a escasos metros del agua y el caos urbanístico es colosal. En esos años, Cartagena suscribió supuestamente con el Banco de Santander unas cesiones de crédito que aún hoy investiga la Audiencia Nacional. A nombre de un industrial de Elche, Cartagena ocultó supuestamente a Hacienda unos ingresos de más de 300 millones. Pero el caso de las primas únicas del Santander estallaría años después, cuando Cartagena era diputado nacional. A pesar de la investigación judicial, el PP confió en su barón de La Vega Baja y lo aupó a consejero de Obras Públicas en el gobierno de Zaplana, puesto que ocupó hasta que el supuesto fraude le acorraló y obligó a dimitir. Antes, había dejado la alcaldía de Orihuela en manos de su hombre de confianza y concejal de Urbanismo, José Manuel Medina. Apartado ya de la política, a Cartagena le han llovido las denuncias en este mandato, la mayor parte de antiguos amigos y concejales que antaño le veneraban. El PP expulsó a los cinco concejales que destaparon varios casos de corrupción dentro de su partido, y el gobierno local quedó entonces en minoría. Y así sigue. El partido ha vuelto a confiar en Medina, la sombra de Cartagena, como candidato. Ese fortín del PP, hoy de capa caída, ha tenido otro nombre propio: el empresario Ángel Fenoll. A través de una maraña de empresas, en las que ha colocado a un sinfín de familiares de cargos del PP, este oriolano ha obtenido suculentas contratas municipales de dudosa legalidad. Condenado por la compra de votos por correo para el PP en las elecciones de 1991, Fenoll tiene causas abiertas en dos juzgados: una por falsificar supuestamente unas facturas con las que Cartagena trata de demostrar que no se apropió indebidamente de ocho millones de pesetas, y otra, en la que la Fiscalía le pide prisión, por falsedad documental en un expediente de obras del municipio de Dolores. En esta pequeña localidad, otro de los hombres de Cartagena, el diputado provincial y concejal de Orihuela Pedro Barrios, formalizó ante notario un documento en el que, junto a otros dirigentes del PP, se comprometía a facilitar subvenciones oficiales a Dolores a cambio de que los ediles del PP y los de un grupo independiente formalizaran una moción de censura contra el alcalde socialista. En agosto de 1998 se consumó la censura. Así, las investigaciones de todo tipo han neutralizado toda gestión en el sur de la Comunidad. La imagen de una comarca a la que muchos identifican con Sicilia, y la de una capital, Orihuela, convertida en la Palermo alicantina, queda reflejada en el comentario de un juez que exige anonimato: "Si yo fuera fiscal general del Estado, enviaría una temporada al fiscal anticorrupción a Orihuela". Para amortiguar el creciente hastío ciudadano ante la corrupción, el Consell lanzó una lluvia de millones sobre Orihuela: un campus, en construcción, adscrito a la Universidad Miguel Hernández de Elche, y una faraónica estación intermodal de trenes y autobuses, entre otras inversiones. Ante ello, la oposición refuerzan sus críticas a la corrupción: "En Orihuela no es el Segura lo único que huele a podrido".