La Audiencia juzgará a 10 miembros del PP por un fraude electoral en 1991

El fiscal afirma en su escrito que, para las elecciones municipales y autonómicas de 1991, el PP dispuso de una serie de trabajadores a los que encomendó tramitar los votos de las personas que se acercaran a sus distintas sedes pidiendo que les gestionasen su sufragio por correo. A los que lo solicitaron, los representantes del PP les invitaron a delegar en ellos la tramitación del sufragio postal en las elecciones municipales de 1991, siguiendo los pasos legales previstos para las personas enfermas o discapacitadas (en muchos casos, según fuentes jurídicas, los electores a los que se les tramitó el voto de esta forma estaban perfectamente sanos).Una vez en la sede, les pidieron que, en lugar de su domicilio, escribieran el de la sede del Partido Popular, con el fin de que Correos les enviase allí el certificado censal y las papeletas. Cuando estos papeles llegaron a Génova, 13, sede del PP, algunos de los implicados en el caso introdujeron la documentación y los votos en los sobres y supuestamente falsificaron la firma del notario Alberto Ballarín. Ballarín testificó ante el juez instructor que su firma había sido falsificada en más de 3.000 ocasiones. El fiscal asegura que algunos de los implicados tenían en su poder una estampilla del notario Ballarín y que la imprimieron en 3.336 documentos para tramitar los votos por correo.

Los tres principales acusados, de los 10 que se sentarán en el banquillo, son Guillermo Núñez Vaquero, Esperanza Márquez Gómez y María del Pilar Hernández Rodríguez, para quienes el fiscal pide nueve años y medio de cárcel, seis años de inhabilitación especial para el derecho de sufragio activo y pasivo y multa de 800.000 pesetas por falsedad en documento oficial y delito electoral.

Los otros siete acusados son María Asunción de la Peña González, María Antonia Astudillo López (hermana de un ex concejal de Madrid), Fernando Travesedo Mavor, María Soledad Martín del Pozo, Cayetano Mesas Acevedo, Ricardo Hurtado Gómez de Tena, María del Carmen García Montero y María Paloma Pérez Montero. Para éstos, el fiscal solicita dos años de cárcel por falsificación, seis años de inhabilitación y multa de 200.000 pesetas.