El Gobierno británico conmina a jueces y policías masones a que se descubran

La masonería británica, que suma unos 350.000 miembros activos, está de nuevo en el punto de mira del Gobierno laborista. Resuelto a quebrar el tradicional secretismo de la asociación, el primer ministro, Tony Blair, ha conminado a los policías y jueces masones a que desvelen su afiliación. De no acceder voluntariamente, dicho gesto podría serles exigido por ley, hecho sin precedente en una democracia occidental. La primera vez que el Gobierno laborista se interesó por la identidad de los masones que ostentan un cargo público en el Reino Unido, les pidió con gran cortesía que hicieran pública su situación. La medida no surtió el efecto deseado. Según un informe presentado ayer ante la cámara de los Comunes por la comisión de la Seguridad, sólo tres de las 43 fuerzas regionales de policía han puesto a disposición de sus miembros registros donde revelar su pertenencia a la Gran Logia Unificada de Inglaterra.En uno de los casos, la lista incluía el nombre de un único agente de los 1.700 en servicio activo. Es cierto que el Gobierno no forzó al principio la situación (la decisión de identificarse como masones era voluntaria), pero la comisión de Seguridad señala ahora que la falta de interés de los policías afectados es notoria. En el seno de la administración de justicia las cosas son parecidas. Menos de la mitad de los abogados británicos del Estado ha devuelto completo el formulario puesto a su disposición con el mismo objeto. Entre los que respondieron, nueve se declararon masones.

Los magistrados han mostrado mayor diligencia. La mayoría de los 30.000 que recibieron el cuestionario decidió rellenarlo. De éstos, 1.208 jueces de primera instancia así como 263 magistrados admiten su pertenencia a una de las 7.800 logias registradas en Inglaterra y Gales.

Para el Gobierno de Blair no es suficiente. Le mueve, según sus portavoces, un afán de transparencia en nombre de la ciudadanía. Salir a la luz evitará que la masonería siga rodeada de misterio. Si todos los funcionarios que la integran revelan sus nombres y apellidos, "no podrá hablarse de un Estado dentro del Estado ni tampoco de ocultas intenciones en el terreno político o social".

La suerte de algunos masones ha contribuido a alimentar esta leyenda. El italiano Licio Gelli es uno de los más notorios. El antiguo jefe de la Logia Masónica P2 fue acusado en su país de infiltrarse en los círculos de poder y las altas finanzas. En la P2 figuraban banqueros como Roberto Calvi y Michele Sindona. La violenta muerte de ambos tras la quiebra del Banco Ambrosiano reveló que la asociación estaba infiltrada en todos los centros de poder de la República italiana.

El caso del Reino Unido es distinto. Se supone que la masonería nació en el seno de los gremios de albañilería británicos. La defensa de sus intereses económicos dio paso a una forma de asociación secreta que contó con su primera logia en 1717. Anthony Sayer la fundó ese año en Londres. El actual Gobierno no le niega sus tradiciones ni su pasado histórico. Antepone, eso sí, la confianza de los ciudadanos en las fuerzas del orden y la judicatura a cualquier ideal altruista y de tolerancia religiosa -principios que rigen la corriente sajona de la francmasonería-, que impida a sus practicantes salir a la luz pública.