El juez del 'caso Aravaca' admite a trámite una denuncia contra el alcalde y Colorado

La recalificación de suelo en Aravaca permitió levantar 1.296 viviendas donde antes sólo podían construirse 260 chalés. La Asociación de Vecinos de Valdemarín-Oeste denunció que, entre las personas que habían comprado terrenos en la zona poco antes de la recalificación y que luego se beneficiaron de las decisiones de los políticos y del aumento de edificabilidad, figuran el promotor inmobiliario José Manuel Bartolomé, marido de la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, así como ingenieros del Ministerio de Obras Públicas.Estas personas figuran como imputadas en las diligencias que desarrolla el Juzgado de Instrucción 4 de Madrid, el mismo que ahora ha admitido a trámite la ampliación de la denuncia contra los altos cargos municipales y autonómicos que promovieron y aprobaron el cambio urbanístico. El juez tiene previsto citar al alcalde y al ex consejero socialista de Urbanismo José María Rodríguez Colorado para interrogarles sobre esta denuncia, pero no lo hará hasta después de las elecciones del 13 de junio, según fuentes jurídicas.

El juez tiene en su poder un informe pericial, elaborado por dos arquitectos de Madrid, que apunta diversas irregularidades en la recalificación de estos terrenos. En su informe sobre lo ocurrido en Aravaca, los peritos aseguran que el Ayuntamiento de Madrid utilizó indebidamente la figura de la modificación puntual del Plan General para estas recalificaciones, cuando la figura legal adecuada, dada la envergadura del proyecto, hubiese sido la revisión del Plan General, aprobado por los socialistas en 1985 y que estableció una bajísima edificabilidad en Aravaca para preservar el medio ambiente del Monte de El Pardo.

Los peritos judiciales revelan asimismo que el aumento de edificabilidad decretado en la zona por el gobierno de Álvarez del Manzano fue "injustificado y arbitrario", y, además, señalan que no hay constancia de que los supuestos beneficiarios de esta recalificación hayan cedido al Ayuntamiento el 15% de los terrenos, como establece la ley, para crear espacios verdes y equipamientos.