Los nueve kilómetros más rentables

"Ha tenido el acierto de resolver el tema de la N-III y ha logrado dar la imagen de que se hacen cosas, pero la gestión del PP en materia de infraestructuras ha sido una política de gestos". Así resume un ex alto cargo del último Consell socialista el trabajo llevado a cabo por los populares en la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. "Han terminado las cosas que nosotros les dejamos en marcha y carecen de planes propios", asegura esta fuente, que, a modo de ejemplo, se pregunta: "¿Qué plan de carreteras están aplicando? No se sabe. Hacen lo que dice el plan socialista, pero sin mojarse, actúan en función del griterío". En la primavera de 1995 los socialistas criticaron con dureza el programa electoral que presentó el PP. En un documento de la época elaborado en la consejería que entonces dirigía Eugenio Burriel se señalaba que el programa de los populares en materia de infraestructuras constituía un "conjunto yuxtapuesto de obviedades extraídas de estudios y publicaciones existentes realizados normalmente por las administraciones socialistas actuales" y una serie de "propuestas generalistas y deletéreas con ausencias muy graves y significativas". Premonitoriamente, a todo ello añadían "los viva Cartagena" incluidos "para contentar a todos". Semanas después Luis Fernando Cartagena era nombrado consejero del ramo. Entre los incumplimientos del PP en materia de infraestructuras que mencionan los socialistas se encuentran la resolución de los problemas de acceso al puerto de Castellón, el Plan Director de Costas de la Comunidad Valenciana, la autovía de La Plana, la rehabilitación del centro histórico de Alicante, la travesía de Nules, el eje Alicante-Elche o la autovía central, incluido el importante paso Cocentaina-Alcoy. Y es que el Consell de Eduardo Zaplana se ha centrado en unos pocos proyectos emblemáticos, cuya importancia ha defendido en todos los foros, pero ha olvidado otros no menos relevantes, como el último de los citados, que ni siquiera es mencionado a pesar de su enorme importancia para la pujante industria de las comarcas centrales. O como el de Nules, cuyo alcalde popular reclamó de forma insistente al último Gobierno socialista la construcción de la variante de la N-340 pero que, desde el acceso del PP al poder, apenas ha levantado la voz a pesar de que la obra sigue empantanada. También pasaron a mejor vida, por ejemplo, propuestas como la construcción de una línea de AVE entre Valencia y Barcelona o la elaboración del Plan de Ordenación del Territorio. El cierre de la autovía a Madrid y el proyecto del AVE hasta la capital de España -ambos responsabilidad del Ministerio de Fomento- han sido utilizados por los populares valencianos como sus principales bazas. Respecto al primero, tuvieron el acierto de solucionar un problema al que los socialistas no supieron dar respuesta. Y lo han explotado al máximo: el cierre de la autovía es destacado constantemente como un éxito del Consell, que ha extraído una rentabilidad máxima de los nueve kilómetros puestos en servicio a principios de diciembre del pasado año. La utilización propagandística de este indudable logro ha eclipsado las carencias de la gestión de los populares en materia de carreteras. La realidad es que la inversión en carreteras en la Comunidad Valenciana ha disminuido en este cuatrienio, fundamentalmente en la red del Estado, que es la que concentra los mayores problemas, pero tampoco ha avanzado gran cosa en las vías de titularidad autonómica o provincial. El incumplimiento de las promesas electorales ha sido la norma. Valgan como ejemplos las autovías Sagunto-Somport o la que había de unir Valencia con Lisboa a través de Ciudad Real y Badajoz. Las excepciones están en la rebaja del peaje de la autopista A-7 y en el proyecto de autopista Alicante-Cartagena y en algunas actuaciones aisladas que ponen de manifiesto la política "clientelar" de la que hablan los socialistas. Además, el PP ha licitado finalmente las obras de ampliación del by- pass de Valencia para dotarlo de un tercer carril. Y es que en los últimos meses se ha hecho un esfuerzo por licitar nuevas obras, aunque algunas de ellas fueron proyectadas por los socialistas. Realidad virtual Algo parecido ha sucedido con las infraestructuras ferroviarias, que, con la excepción de la red de Metro y tranvía de Valencia, constituyen el verdadero terreno de la realidad virtual del PP, con el proyecto del AVE a Madrid y del Parque Central de Valencia como principales exponentes. Con el apoyo del lobby empresarial, el PP ha hecho bandera del proyecto del AVE que ha de unir la capital de España con Valencia, Alicante y Castellón y que, de momento, sólo se ha traducido en la firma de diversos convenios y en el anuncio del comienzo de los estudios sobre posibles trazados. Eso sí, con la promesa, de muy difícil cumplimiento, de poner en marcha el AVE en el año 2003. También ha sido firmado el enésimo convenio para solucionar el problema ferroviario en la ciudad de Valencia. Pero del plan de supresión de "todos" los pasos a nivel que figuraba en el programa del PP nunca más se supo. Como tampoco se ha avanzado en el tramo La Encina-Alicante, mientras que el corredor del Mediterráneo sigue sin estar completado. En materia de urbanismo, vivienda y suelo la política de los populares se ha visto condicionada por los problemas relacionados con la concesión de ayudas y por la propia evolución del mercado. La rebaja generalizada de los tipos de interés en los últimos años ha jugado en contra de la construcción de viviendas de protección oficial, de manera que se ha invertido la tendencia anterior y ahora se construyen más viviendas de renta libre. Paralelamente, el precio del suelo ha subido. Y en el aspecto legislativo, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística aprobada en la última etapa del Gobierno socialista y que los populares trataron entonces de "bolchevique" no sólo ha sido plenamente asumida por el Consell actual sino que la ha desarrollado y la ha exportado a otras comunidades autónomas. "Mala fe" Mientras, la política de concesión de ayudas para la adquisición de viviendas -cuyo montante total se ha reducido, entre otras cuestiones, por las mencionadas condiciones del mercado, aunque también porque el PP ha rebajado los criterios- le ha deparado a la Generalitat un serio revés: un fallo reciente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha considerado que existió "mala fe" a la hora de negar el pago de las subvenciones concedidas al amparo del Plan de la Vivienda aprobado en 1992. La Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes cifra oficialmente en 260.000 millones de pesetas la inversión global realizada entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de abril de este año. En esa cifra se incluyen tanto las inversiones directas (unos 150.000 millones) como las operaciones de capital, los convenios y las subvenciones. Un repaso a la evolución presupuestaria de este departamento autonómico muestra un esfuerzo en el último ejercicio del cuatrienio, quizá para contrarrestar su leve pero progresiva pérdida de importancia en el conjunto de los presupuestos de la Generalitat reflejado en el gráfico. También en el capítulo de inversiones se ha registrado una disminución en relación con el conjunto de la Generalitat: del 53,5% de 1996 al 45,8% del ejercicio actual.