La polémica marcó el reparto de frecuencias

El Consejero de Presidencia, José Joaquín Ripoll, recordó hace pocos días que el proceso de concesión de 15 emisoras de radio se cerró sin que ninguna empresa interpusiera recurso alguno. Cierto, pero el concurso que el Consell hizo el pasado 25 de diciembre, en plena navidad, estuvo marcado por la polémica. La oposición lo tuvo claro: Eduardo Zaplana favoreció, desde el poder, a los grupos mediáticos afines al PP. El gobierno de la Generalitat lo niega, aunque las empresas editoras de los diarios Las Provincias, El Mundo y Abc fueron adjudicatarias de varias emisoras; Medipress Valencia, una empresa constituida tres meses antes del concurso y vinculada al secretario de Estado de Comunicación, Pedro Antonio Martín Marín, y al presidente de Vía Digital, Pedro Pérez, obtuvo dos concesiones y Unión Ibérica, empresa de la que es consejero un ex alto cargo de Ràdio 9, Santiago Lumbreras, abrirá en breve delegaciones en Alicante y Castellón. Un escándalo para algunos, un concurso transparente con un resultado justo para otros. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana entrará en la legalidad del asunto, tras admitir a trámite la denuncia presentada por Diego Zapata, ex concejal del Ayuntamiento de Alicante. Zapata, que aspiraba a una de las concesiones, subraya en su reclamación judicial los vínculos entre algunas adjudicatarias y varios ex componentes del actual Consell, casos de José López Garrido, ex director general de Interior, o el propio Lumbreras.