Las comunidades de "vía lenta" se acercan a las de "vía rápida"

A los presidentes de Castilla-La Mancha y Castilla y León, el socialista José Bono y el popular Juan José Lucas, respectivamente, les irrita que sus conciudadanos no puedan competir en igualdad de condiciones con los vascos, los catalanes, los baleares o los valencianos en las oposiciones a las administraciones de esas comunidades autónomas por desconocer una de sus lenguas. A la inversa esa desventaja no existe, ya que el idioma castellano es común.Lo cierto, sin embargo, es que la irritación de Bono y Lucas carece de remedio. "Es un problema que no tiene solución. La Constitución ampara las lenguas de las comunidades y si en una de ellas, con idioma propio, los gestores de su Administración deciden, en uso de sus competencias, puntuar su conocimiento en las pruebas de los exámenes tienen derecho a hacerlo". Así lo advierte el secretario de Política Autonómica del PSOE, Ramón Jáuregui.

Y es que la lengua pertenece al capítulo de las "singularidades que protege la Constitución", explica también el secretario de Estado de Administración Territorial, Francisco Camps. El derecho foral, la historia y la insularidad completan dicho capítulo, que se deriva de los "hechos diferenciales" de algunas comunidades reconocidos en la Carta Magna.

No obstante, el Gobierno y el PSOE han hecho, en esta última legislatura, de 1995 a 1999, un esfuerzo de igualación competencial de servicios en las comunidades al pactar la reforma de los estatutos relativos a las llamadas de vía lenta o reguladas por el artículo 143 de la Constitución.

Los cambios afectan precisamente a las 13 autonomías en las que se celebran elecciones el próximo 13 de junio, las cuales tendrán gracias a ellos competencias sobre los mismos servicios fundamentales que las cuatro denominadas de vía rápida -Andalucía, Cataluña, Euskadi y Galicia-, que ya disponían de ellos con anterioridad. Esos servicios fundamentales reconocidos en la reforma de los estatutos y que se traspasarán a las mencionadas comunidades en lo que queda de legislatura y en la siguiente son los siguientes: toda la Educación, la Sanidad, el personal y los medios de la Administración de Justicia y las políticas activas del Instituto Nacional de Empleo (Inem). Son los más importantes del Estado en cuanto a medios y personal traspasado.

Pero la reforma no acaba ahí. Ha tenido también un componente institucional que afecta a los 13 Parlamentos de esas comunidades de vía lenta y que los sitúa en pie de igualdad con los de las de vía rápida.

Este cambio elimina la restricción en la duración del periodo de sesiones parlamentarias, que se alarga, como media, de cuatro a nueve meses. Asimismo, los parlamentarios de esas autonomías podrán disponer de un sueldo como los de las demás, en contraste con su situación anterior, en la que sólo cobraban dietas por asistencia.

Además, los 13 presidentes tendrán la facultad de disolver sus Cámaras, una competencia que sólo tenían los de la andaluza, la catalana, la gallega y la vasca. No obstante, esa capacidad tiene algunos límites: cuando se encuentre en tramitación una moción de censura; durante el primer periodo de sesiones de la legislatura; antes de que transcurra un año desde la anterior disolución; cuando falta menos de un año para el final de la legislatura, o cuando se encuentre convocado un proceso electoral estatal.

Para el secretario de Estado de Administración Territorial, Francisco Camps, tras la reforma de los estatutos "ya no tiene sentido hablar como se hacía antes de dos velocidades en España, la rápida y la lenta, porque se han igualado las competencias de las comunidades en los servicios fundamentales".

A partir de ahí pueden producirse diferencias en función de la distinta gestión que hagan los gobiernos autónomos de sus competencias. Como ha sucedido, por ejemplo, con el aumento de las pensiones que ha propiciado la Junta de Andalucía, dirigida por el PSOE. O con los distintos sueldos que perciben los enseñantes y los sanitarios en unas u otras.

"Cada Gobierno autónomo tiene derecho a gestionar sus competencias. Puede dedicar más presupuesto a unas partidas que a otras. En su caso, la Junta andaluza ha hecho hincapié en las partidas sociales", indica Ramón Jáuregui.

El secretario de Política Autonómica del PSOE estima que la reforma "ha aproximado España a un Estado de corte federal" al "ser comunes a todas las autonomías los niveles básicos de servicios". No obstante, admite que existen "asimetrías derivadas de los hechos diferenciales de algunas comunidades". Tales asimetrías se adecuan a un régimen federal, como sucede sin ir más lejos en Estados Unidos, donde el derecho penal se aplica de distinta forma en cada Estado, recuerda Jáuregui.

La lengua, el derecho foral, la historia y la insularidad son los hechos diferenciales que marcan las singularidades de algunos estatutos. En el caso de la lengua afecta a Euskadi, Galicia, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana y origina una amplia legislación propia. Acarrea desigualdades territoriales -como el caso de las oposiciones- que tanto Jáuregui como Camps creen "inevitables" .

El derecho foral y la insularidad son la base de los conciertos económicos del País Vasco y Navarra, así como de los regímenes fiscales especiales de Canarias y Baleares, los elementos más diferenciales y polémicos del mapa autonómico español. Las comunidades limítrofes -La Rioja, Castilla y León, Aragón y Cantabria- se han quejado con frecuencia e incluso han recurrido a los tribunales ante las prácticas fiscales de las comunidades que gozan de particularidades fiscales. Jáuregui cree que "el modelo del concierto económico debe mantenerse porque está amparado por la Constitución". Pero entiende también que "pueden buscarse fórmulas para evitar desigualdades en los resultados entre las comunidades".

"La clave de nuestro modelo autonómico reside en que reconoce las singularidades derivadas de los hechos diferenciales de las comunidades, pero también puede lograrse que esas particularidades no se conviertan en privilegios", concluye el secretario socialista de Política Autonómica.