El Supremo decidirá en breve sobre los funcionarios de la "embajada" en Bruselas

El Tribunal Supremo resolverá de forma inminente el recurso de casación interpuesto por el Gobierno autónomo contra la decisión del Tribunal Superior vasco que ha rechazado la funcionarización de los empleados de la delegación del Ejecutivo en Bruselas. Según las previsiones de la Secretaría General de Acción Exterior, de la que depende la delegación, el Supremo se pronunciará la próxima semana sobre el recurso. Si lo rechaza, tendría que ser de nuevo el Superior el que decida cómo se materializa la sentencia. El máximo tribunal vasco considera que el Gobierno vulneró la Constitución al integrar en la plantilla de la Administración a los ocho trabajadores de la extinta sociedad Interbask, embrión de la actual delegación en Bruselas. La sentencia señala que el Gobierno no atendió a las normas que regulan el acceso a la función pública al efectuar la incorporación: la igualdad, mérito y capacidad, que están garantizadas constitucionalmente. Así, concluye que el Ejecutivo actuó "sin habilitación legal suficiente para amparar la aplicación de una excepción a la función pública. Esta falta de cobertura legal subsistiría aún cuando hubiera existido negociación previa entre los sindicatos". La sentencia pone en entredicho todo el soporte posterior de funcionarización dispuesto por el Gobierno para estas personas, que en la actualidad son los funcionarios que se ocupan de todo lo relacionado con la embajada. Subrogación Al no poder abrir oficialmente una delegación, la Administración vasca constituyó Interbask -una sociedad anónima con dinero público- en 1989 para hacer esas funciones. Como sociedad anónima, eligió a quien consideró más oportuno. Una vez que se resolvieron los problemas legales, se abrió la delegación y se subrogó a los trabajadores de Interbask, que se convirtieron así en personal laboral fijo del Gobierno (diciembre de 1995). Posteriormente, sus plazas se clasificaron como de funcionarios y se estableció una convocatoria restringida para funcionarizarles, loque ocurrió en noviembre de 1998 y que también ha sido llevado a los tribunales por UGT LAB recurrió la subrogación en 1996. Con la sentencia en la mano, se ha dirigido a la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, pidiendo que se ejecute la sentencia. Elisa Félix, que forma parte del equipo de LAB que ha llevado el recurso, explica lo que tenía que haber hecho el Gobierno: "Crear plazas estables de plantilla y cubrirlas con personal interino mientras no convocara una oferta pública de empleo o un concurso de traslados". En lugar de eso, subrogó Interbask con sus ocho trabajadores, convirtiéndoles en laborales fijos. El director de Asuntos Europeos del Gobierno, Juan Diego, recordó que la sentencia no es firme y que lo más probable es que el Supremo acepte el recurso de casación. De esta forma, transcurrirían al menos tres o cuatro años antes de un fallo definitivo.