El fiscal anticorrupción recusa a la juez decana de Marbella por "parcialidad a favor de Gil"

El fiscal jefe anticorrupción quiere evitar que la juez decana de Marbella retire de la instrucción del caso Gil al magistrado que lleva la causa. El caso del presunto desvío de 450 millones de pesetas del Ayuntamiento de Marbella al Atlético de Madrid entra en la recta final de la instrucción con una batalla jurídica. El fiscal Carlos Jiménez Villarejo ha presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una recusación contra la juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, por "enemistad manifiesta" contra él y "parcialidad a favor de Jesús Gil y Gil". Ramírez tiene que decidir si el juez de Instrucción actuó correctamente al quedarse con la investigación del caso, cuyo sumario no fue adjudicado por turno.

El caso llegó a los juzgados de Marbella el 13 de octubre de 1998. Estaba de guardia el juez Santiago Torres, titular del número 7. La querella de la fiscalía solicitaba el registro de las oficinas del Atlético de Madrid y el Ayuntamiento de Marbella. Jiménez Villarejo aclara al CGPJ que "la querella estaba lista el 24 de septiembre". Pero el fiscal general no la aprobó hasta el 8 de octubre y no se pudo organizar a la Policía Judicial hasta el 13.Jiménez Villarejo está convencido de que la magistrada "ya ha prejuzgado" su decisión sobre el reparto del caso. "Ha asumido que existe una confabulación y parece que esté decidido que se apartará al juez de la competencia sobre las diligencias". La juez Ramírez ha abierto expediente por una reclamación de la defensa de Jesús Gil, que se queja de una "actuación combinada de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado de Instrucción número 7 de Marbella para burlar las normas de reparto" y pide la nulidad de las actuaciones. Para Jiménez Villarejo, la actuación de la juez ha sido de una "manifiesta parcialidad", entre otras cosas porque no ha notificado su expediente a la Fiscalía Anticorrupción. La magistrada, sin embargo, sí ha dado traslado de su expediente a la Fiscalía General del Estado por la actuación de los fiscales que intervinieron "en confabulación denunciada".

La juez también ha denunciado su expediente al CGPJ. El titular del juzgado número 7 de Marbella está terminando la instrucción y podría enviar en breve el sumario a la Audiencia de Málaga para que se fije fecha del juicio. Jesús Gil y otras siete personas están imputadas por el presunto desvío de 450 millones de pesetas del Ayuntamiento al club, a través de la publicidad de Marbella en las camisetas del Atlético entre 1991 y 1993.

Jiménez Villarejo explica al CGPJ que en octubre de 1996 denunció ante el fiscal general del Estado a la magistrada decana de Marbella. El fiscal acusaba a la juez de incompatibilidad por desempeñar su cargo en una localidad en donde ejercía la abogacía su hermano y "en la que tenían domicilio social varias sociedades participadas o administradas por su padre, Juan Ramírez, y su madre". El expediente disciplinario fue archivado. Juan Ramírez fue oficial en los juzgados de Marbella. En 1993 fue relacionado por la juez Blanca Esther Díez en 18 casos presuntamente delictivos. Llegó a estar en la cárcel, aunque salió en libertad y la juez fue inhabilitada.

El fiscal anticorrupción también denunció en 1996 al hermano de la juez, Juan Carlos Ramírez, ante el Consejo General de la Abogacía. Y éste denunció a Jiménez Villarejo ante la Fiscalía General del Estado en 1997 por lincharle con la investigación, lo que consideraba "una infamia" y "una auténtica vergüenza para la Justicia". Por todo esto, Jiménez Villarejo pide que se releve a la decana de Marbella en este expediente.

José Carlos Aguilera, abogado de la acusación popular, sostiene que "la Ley de Enjuiciamiento Criminal ordena que no se someta a reparto aquello que requiere una actuación inmediata del juez de guardia".

El abogado defensor de Gil, Horacio Oliva, admite que el instructor tenga que practicar diligencias urgentes "pero tendría que repartir el caso después". Oliva añade que "si no se respetan las normas de reparto el fiscal o la policía pueden elegir juez y eso sería claramente antidemocrático".