La oposición pide explicaciones a Jospin por el atentado atribuido a policías en Córcega
El atentado cometido presuntamente por policías de élite de la Gendarmería francesa en Córcega ha puesto en aprietos al Ejecutivo de Lionel Jospin, además de socavar seriamente la credibilidad de la política de restablecimiento del orden en la isla tras el asesinato, el 11 de febrero de 1998, del prefecto Claude Erignac. Salvadas sus contradicciones iniciales, los cuatro agentes detenidos continúan aferrándose a una versión que la Fiscalía juzga increíble, mientras los simpatizantes del terrorismo corso festejan la crisis abierta en el seno del Estado.
Los nacionalistas de la Cuncolta, escaparate legal del FLNC-Canal Histórico (Frente de Liberación Nacional Corso), distribuyen estos días en las calles de Ajaccio una viñeta en la que un grupo de terroristas ríe a mandíbula batiente ante el comentario de otro de los encapuchados: "Esos bisoños necesitan unas lecciones". Pese a la manifiesta torpeza de su comportamiento -los acusados de haber incendiado el restaurante Chez Francis se retiraron con un hombre herido por graves quemaduras y abandonaron en el terreno una capucha ensangrentada, un walkie-talkie y dos bidones de gasolina- no puede decirse que estos agentes integrados en los muy selectos Grupos de Pelotones de Seguridad (GPS) sean precisamente unos principiantes. Todos ellos, desde el coronel Henri Mazères, jefe máximo de la Gendarmería en Córcega, hasta el agente de menor grado, el adjunto Eric Moulie, pasando por el capitán Norbert Ambrosse y el teniente Denis Tavernier, poseen un largo historial profesional en un cuerpo, el de la Gendarmería, que se precia de hacer de la obediencia ciega al mando una regla de oro.
La pregunta de a quién obedecían estos agentes sitúa en el centro del escándalo al polémico actual prefecto de Córcega, Bernard Bonnet, toda vez que fue él quien propuso y obtuvo la creación de este cuerpo especial al que Matignon, sede del primer ministro, otorgó unos medios excepcionales de escuchas, seguimiento y vigilancia sólo al alcance de los servicios secretos. La duda es si los agentes de los GPS obtuvieron, junto a esos medios, las licencias inconfesables que en su día facilitaron los episodios de guerra sucia, desde el caso Rainbow Warrior (la voladura en julio de 1985 en el puerto neozelandés de Auckland del barco ecologista que trataba de impedir las pruebas nucleares francesas), hasta el espionaje y otros asuntos mucho más turbios practicados por la denominada célula del Elíseo en los tiempos del presidente François Mitterrand. El asunto resulta particularmente embarazoso para Lionel Jospin dado que el primer ministro ha mantenido a Bernard Bonnet contra viento y marea, con una convicción superior incluso a la del ministro de Interior, Jean-Pierre Chevènement, receptáculo natural de las quejas contra el prefecto vertidas por los otros cuerpos policiales. Jospin vivió ayer una jornada particularmente difícil.
Tras el consejo de ministros, el presidente Jacques Chirac se sumó expresamente a las voces de la oposición que claman por el esclarecimiento de los hechos. Por la tarde, Jospin tuvo que comparecer ante la Asamblea para responder a los grupos parlamentarios de la derecha, que le interpelaron con la escopeta cargada aunque revestida de sentido de Estado, dentro de un tono general de responsabilidad y prudencia.
Un asunto del Estado
Puede decirse que el primer ministro hiló bastante fino -dijo que lo sucedido en Ajaccio es "un asunto del Estado, no un asunto de Estado"-, y que tampoco se parapetó en la investigación judicial en marcha. De hecho, anunció la puesta en marcha de dos investigaciones administrativas simultáneas, uno en el Ministerio de Interior y la otra en el propio cuerpo de la Gendarmería, y afirmó que en función de esas pesquisas el Gobierno adoptará las correspondientes sanciones y se planteará, incluso, la disolución de los GPS. A título preventivo, los cuatro implicados han sido suspendidos de sus puestos y sustituidos. Tanto Jospin como Chevènement respaldaron a Bernard Bonnet, que se ha declarado completamente ajeno al presunto comportamiento de los oficiales a su cargo. Aunque es pronto para calibrar el alcance de este respaldo, el prefecto se incorporó ayer a su puesto en Córcega, aparentemente dispuesto a continuar desafiando las críticas, ahora redobladas, que su actuación suscita en la isla. El prefecto parece haber encontrado en la lectura de Shakespeare el punto filosófico necesario para afrontar estos días difíciles. "Hay una marejada en todo acto humano. Yo invito a todos a la prudencia", dijo, citando un pasaje de La tempestad.
