PSOE y PA sacan adelante la ley de Publicidad Institucional, que salva las restricciones de 1995

Entre las técnicas agitprop y la modernidad hay un socavón que a estas alturas parece insalvable. O quizá no, depende de cómo se enjuicie la realidad. La ley de Publicidad Institucional, aprobada ayer en el Parlamento con los votos del PSOE y del PA, socios en el Gobierno andaluz, provocó una brecha con los grupos de la oposición. Mientras que el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, promotor de la ley, insistió en que este texto legislativo corrige los defectos del anterior, de 1995, tanto IU como PP creen que se consagra el poder "propagandístico" del Ejecutivo.

La Cámara autonómica sacó ayer adelante un proyecto que sustituye a la ley aprobada en 1995 por PP, IU y PA, en la legislatura de la pinza. Esta ley prohibía cualquier campaña publicitaria de la administración autonómica en época electoral. La ley de 1995 nació, precisamente, a raíz de dos polémicas campañas del Gobierno autonómico poco antes de unas elecciones andaluzas, que merecieron sanción de la Junta Electoral Central. Pero su carácter restrictivo impedía incluso que se hiciesen campañas de vacunación, de ayudas públicas a agricultores o de contrataciones con la administración. Con el tiempo, los grupos parlamentarios que la aprobaron reconocieron que se trata de una ley excesivamente dura, que debía ser suavizada. Esta suavización no ha gustado, sin embargo, ni al PP ni a IU, que arremetieron ayer con dureza contra le ley y, sobre todo, contra Zarrías. Sí ha convencido, por contra, al PA, cuyo diputado Ildefonso Dell"Olmo entonó una especie de mea culpa y dijo que la ley "del bienio negro" provocaba problemas en la prestación de servicios públicos a los ciudadanos. Dos tipos de campañas La redacción actual de la ley establece dos tipos de campañas de la administración. Las primeras se refieren a aquellas que tienen como fin informar de actos administrativos y el fomento "de comportamientos de los ciudadanos en relación a bienes o servicios públicos de carácter educativo, cultural, social, sanitario, de fomento de empleo u otras de naturaleza análoga". Este tipo de campañas, por ejemplo de vacunación, podrán seguir haciéndose en época electoral al referirse a servicios públicos. El segundo tipo de campañas que distingue la ley son aquellas que pretenden informar "sobre los proyectos, las realizaciones o logros en la gestión pública" del Gobierno. La ley prohíbe la difusión de estas actividades durante la campaña electoral. La actual redacción de la ley ya ha sufrido modificaciones, ya que inicialmente preveía extender estas medidas también a la campaña para las elecciones generales. Sin embargo, tras la advertencia del Consejo Consultivo, que alertó de un posible "exceso competencial", el Gobierno andaluz retiró este punto. La diputada de IU Concha Caballero arremetió contra la distinción de las campañas, principalmente por el segundo tipo. "El Gobierno nos va a contar las excelencias de la gestión pública y con ahínco ocultará los defectos", dijo Caballero, que sostuvo que la ley "consagra el Ministerio de la Propaganda de la Junta", a cuyo frente situó a Zarrías. "Se da rango de ley a un disparate político", añadió. El portavoz del PP, Rafael Salas, empleó casi los mismos argumentos y subrayó que la ley servirá para abundar "en la senda de la manipulación". "No queremos ser cómplices en una vuelta de tuerca contra la libertad de expresión", dijo Salas. En este punto, Caballero lamentó también los criterios de adjudicación de publicidad institucional a los medios de comunicación. "Zarrías premiará a los buenos y castigará a los malos. Es una presión más a los medios y a los profesionales", dijo la diputada de Izquierda Unida. Zarrías, más que entrar a replicar a la oposición, hizo una cerrada defensa de la ley, que tildó de "moderna y rigurosa". "Se toman medidas inéditas y Andalucía es pionera a la hora de adoptar mejoras", aseguró el consejero de la Presidencia. Asimismo, el proyecto de Ley de Espacio Natural de Doñana superó ayer, con los votos de PSOE y PA, la abstención de IU y la oposición del PP, el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento. Esta norma auna la gestión de los actuales parques natural y nacional, que quedará en manos de un equipo de gestión dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. El Partido Popular lamentó que la Junta "traslade su batalla por gestionar Doñana a una norma", lo que calificó como "el mayor de los despropósitos".