Un proyecto sin cerrar

El 9 de abril, el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, presentó la proposición de ley de víctimas del terrorismo, cuyo primer borrador había entregado a los partidos parlamentarios dos meses antes, el 9 de febrero, en cumplimiento del compromiso alcanzado por José María Aznar el 19 de diciembre. Es la primera iniciativa legal del Gobierno con motivo del incipiente proceso de paz en Euskadi. Tanto Aznar como Álvarez Cascos acordaron que la ley debía ser consensuada y propusieron a los partidos la fórmula de la proposición conjunta de ley.

Del 9 de febrero al 9 de abril, el Ejecutivo y los partidos intercambiaron borradores y llegaron a algunos principios de acuerdo. Según el texto, los beneficiarios de la ley serían las víctimas por "daños físicos o psicofísicos" o sus familiares. Quedaban descartados los daños materiales. También se estableció que la proposición de ley beneficie al mayor número de casos posible. Esto es, que no se limite a las víctimas de ETA sino a las de otros grupos armados de extrema izquierda o de extrema derecha, incluidos casos como el de Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur o Dolores González Catarain, Yoyes, militantes de ETA asesinados por la propia organización.

El borrador articulado que presentó Álvarez Cascos el 9 de abril recogía numerosas peticiones de los partidos, pero, además de cerrar algunos flecos, faltaba por acordar un aspecto clave, como los baremos de las indemnizaciones.