Un policía que investigó la "operación locales" desmenuza la trama de Garro

Uno de los inspectores de la Policía Judicial que investigó la operación locales comerciales, Francisco Córcoles, declaró ayer como testigo que el ex director general de Banesto Fernando Garro, según el seguimiento de los cheques, las personas y las sociedades involucradas en el uso de 1.550 millones de pesetas evaporados en el banco, montó una trama para consumar la presunta estafa con testaferros y sociedades pantalla. Durante el interrogatorio del fiscal, Mario Conde apoyó en voz baja, dos veces, los datos razonados del policía.

Si una imagen vale más que mil palabras, las de ayer, si hubiera que escoger, son dos. La primera se produjo durante el interrogatorio del experimentado inspector Córcoles por el fiscal Luis López Sanz. En el momento en que el inspector ratificó que Garro se había beneficiado indirectamente a través de testaferros y pantallas y "directísimamente", al pagar con cargo a los fondos evaporados de Banesto la compra de una finca en San José de Cubells (Ibiza), Mario Conde se juntó a su derecha con Enrique Lasarte y exclamó: "¡Bien!". La segunda imagen fue la de varios acusados en el caso Banesto, que habían manifestado sentir vergüenza ajena al oir en otras sesiones la historia de los locales, y que ayer no ocultaron, durante un receso, que estaba todo clarísimo. "Lo que no entiendo es por qué se nos somete a los consejeros a tener que escuchar estas cosas. No solo siento un cabreo tremendo contra el señor Garro, que no oculto, sino que este tema no debería estar en este juicio", dijo uno de ellos a éste periódico.

El letrado defensor de otro acusado añadió: "Está claro. Pocas dudas puede haber de lo que pasó. Pero yo digo que como en este caso no había asunto (aparte de los 300 millones) se decidió meter los locales para cubrir el vacío".

Tras el interrogatorio del fiscal, Garro, tostado, imperturbable, se quedó en el vestíbulo de la Audiencia Nacional junto a su abogado Javier Sáenz de Pipaón, que a su lado lucía una piel tan blanca como un papel. Estaban solos. Los demás letrados y acusados no se arrimaron.

Córcoles, que se responsabilizó de la redacción de los informes de la policía judicial sobre la operación locales, explicó el proceso de la investigación judicial, a partir de constatar, según las informaciones proporcionadas por los bancos (Comercio y Sabadell) que ambos habían recibido cheques bancarios librados por Banesto de 1.550 millones de pesetas en total. Esta cantidad era la diferencia entre el valor escriturado en seis operaciones de compra de locales y naves en 1989 y 1990 y el efectivamente pagado.

Este dinero fue a puesto a disposición de un intermediario en la compra de los locales, Tomás Allende y Miláns del Bosch, que actuó como tal por decisión de Fernando Garro, entonces director de servicios e inmobiliario de Banesto. Una parte de este dinero, 634 millones, fue ingresado después en el Banco del Progreso, y el gestor del mismo fue el entonces director de dicha entidad, Cándido Fernández Tendero. El dinero fue invertido en diversas compras y operaciones financieras, siempre con nombres falsos y de sociedades que durante la investigación se revelaron como inexistentes.

Cuando Fernández Tendero pasó a un puesto en Banesto, a finales de 1991, se llevó con él esos fondos que antes gestionaba en el Progreso. Cuando Córcoles narró cómo Garro había utilizado de esos fondos 30 millones para hacer el pago de una finca en San José de Cubells (Ibiza), lo que sin duda era equivalente a dejar una huella importante, Mario Conde inclinó el cuerpo y casi gritó de satisfacción al oído de su amigo Lasarte. Garro luego encargó la construcción de una villa en dicha finca, situada en un bello mirador sobre el mar. Y figura como inquilino, ya que alquila la mansión a una sociedad instrumental.

Córcoles ilustró el uso de sociedades pantalla y testaferros por parte de Garro y descartó la afirmación de que los 1.550 millones faltantes se habían devuelto al banco en la persona del entonces interventor Pedro Insauriaga, ahora fallecido, coartada utilizada por el testaferro de Garro, Tomás Allende y Miláns del Bosch. Según Córcoles, la trama montada por Garro contó con dos personas clave: Allende y Fernández Tendero.

Sáenz de Pipaón intentó mostrar que los informes de la policía judicial estaban predeterminados contra Garro y en tono despectivo buscó poner nervioso al testigo, sin conseguirlo. "¿Por qué solo se usa contra Garro lo malo que han dicho los testigos y no lo bueno?", preguntó varias veces.