El juez rechaza las pruebas de Maeso contra el informe epidemiológico.

Ni las actas, ni los informes, ni siquiera los análisis clínicos. José Manuel Ortega, el juez que investiga el brote de hepatitis C localizado en Valencia, ha rechazado casi todas las peticiones con las que el abogado de Juan Maeso, el único imputado en la causa, pretende mostrar la falta de validez del informe epidemiológico que vincula al anestesista con 171 casos de contagio. Por innecesarias, ya practicadas o simplemente "desproporcionadas", el magistrado ha desdeñado la posibilidad de practicar hasta una decena de pruebas.

El letrado de Maeso, Francisco Davó, solicitó el pasado 25 de marzo varias pruebas encaminadas, principalmente, a poner en cuestión tanto la independencia de la comisión científica que elaboró el informe como los resultados del informe epidemiológico, una de las principales, si no la principal, pruebas de carácter científico que permiten sostener la imputación dirigida contra Maeso. Davó solicitó los "datos clínicos individualizados por pacientes y hospitales" utilizados en el trabajo, los "informes, documentos o análisis clínicos utilizados" por la comisión, las actas levantadas en sus reuniones o la identificación de los autores del estudio que permite achacar a Maeso el uso de estupefacientes en el ejercicio de su trabajo. Ésta última ha sido la única petición admitida por Ortega. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia ha rechazado las demás: algunas, porque ya han sido solicitadas, sin éxito. Otras, por "innecesarias", como los datos invidualizados de los pacientes analizados para elaborar el informe, y algunas, las menos, por "excesivas y desproporcionadas". Éste es el caso de la petición por la que Davó solicitó "la relación completa de casos de hepatitis C declarados en el ámbito de territorial de la Comunidad Valenciana desde que dicha enfermedad es de declaración obligatoria" por parte de los médicos. El letrado de Maeso intenta demostrar, con la práctica de éstas y otras pruebas, que su cliente no es el único foco de la infección, es más, que ni siquiera puede ser acusado de ser el foco de la enfermedad ya que, por contra, es una víctima más del brote. Con ese objeto, pone en duda un informe epidemiológico al que quita, a la luz de sus solicitudes, validez científica. Y por ello, intenta poner de relieve que, desde su perspectiva, no hay dato alguno que avale la afirmación de que Juan Maeso sea consumidor de opiáceos o haya podido suministrarse parte de las sustancias anestésicas que luego aplicaba a sus pacientes. Ésta es una de las tesis que sostienen la imputación del juez, que, en aras a evitar, en la medida de lo posible, dilaciones en la instrucción del caso, podría aplicar un criterio restrictivo a la hora de aceptar las pruebas solicitadas tanto por la defensa de Maeso como por las decenas de abogados personados como acusaciones particulares en la causa. No a las comparecencias Así, el magistrado tampoco ha considerado pertinente solicitar los expedientes disciplinarios abiertos por la Consejería de Sanidad cuando trascendió el brote - "no resulta de utilidad" al no aportar "información de interés" para "el procedimiento"- o los estudios sobre la prevalencia de la enfermedad, petición que el juez tacha de "reiterativa". Davó, además, tendrá que explicarle al juez los "motivos concretos" por los que solicita la declaración del director general de Sanidad, Francisco Bueno, dos responsables del estudio epidemiológico, Hermelinda Vanaclocha y Ferran Navarro, y cuatro inspectores de la consejería. El letrado de Maeso, preguntado por su opinión sobre el auto, zanjó la cuestión de forma escueta: "Estoy desagradablemente sorprendido", dijo. Ortega también ha rehusado practicar las pruebas solicitadas por tres abogados que representan a otros tantos perjudicados.