El Gobierno apoyará con condiciones la mesa de Ibarretxe para romper la imagen de inmovilismo

El Gobierno de José María Aznar está dispuesto a respaldar la nueva mesa por la paz que propone el lehendakari, Juan José Ibarretxe, con HB incluida, siempre que cumpla el requisito del punto 10 del Pacto de Ajuria Enea, esto es, que ETA declare previamente el abandono definitivo de la violencia o que HB se desmarque de la banda armada. El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, trasladó esta posición a Ibarretxe en el encuentro que mantuvieron el martes. El cambio de criterio del Ejecutivo central coincide con su esfuerzo por romper la imagen de inmovilismo que le atribuye el Pacto de Lizarra.

El Ejecutivo central y el PSOE comparten el diagnóstico básico de que en Euskadi se asiste "más a un proceso en favor de la autodeterminación, impulsado por el Pacto de Lizarra, que a un proceso de paz". Pero también comparten la preocupación de que en la sociedad vasca pudiera estar calando una imagen de inmovilismo por parte de socialistas y populares en el proceso de paz, un inmovilismo que les atribuyen expresamente los partidos del Pacto de Lizarra. Sectores próximos al bloque constitucional comparten estas críticas. En este contexto se sitúa la actitud favorable de Carlos Iturgaiz a la nueva mesa de diálogo propuesta por Juan José Ibarretxe, si bien anteponiendo el cumplimiento del punto 10 del Pacto de Ajuria Enea. El Gobierno central argumenta que el propio ex lehendakari José Antonio Ardanza, cuando propuso su plan de paz en enero de 1998, ya planteaba el cese definitivo de las armas de ETA. A ello aludió también José María Aznar en su declaración del 18 de diciembre de 1998 -tres meses después de que ETA anunciase el inicio de la tregua indefinida-, en la que por vez primera expresó su disposición a hablar con todos los partidos, incluida Herri Batasuna.

Gobierno y PSOE coinciden ahora en su disposición a respaldar la nueva mesa propuesta por Ibarretxe, con esas condiciones, aunque se quejan de que la iniciativa del lehendakari es "muy inconcreta". Añaden como condiciones indispensables que la mesa de negociación -que podría constituirse tras las elecciones municipales del 13 de junio- no se abra a representaciones políticas de Navarra ni del País Vasco-francés, y que esté presidida por la normalidad institucional, esto es, que sea incompatible con una dinámica parlamentaria como la que ha presidido estos meses la Cámara vasca.

Esta posición del Gobierno de Aznar supone una revisión de su primera reacción, la pasada semana, cuando Ibarretxe planteó el nuevo foro y el candidato socialista, José Borrell, mostró su predisposición favorable a él. Entonces, el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, tras el Consejo de Ministros del viernes, criticó con dureza a Borrell y le acusó de "querer enterrar el Pacto de Ajuria Enea".

Las reglas de juego

Los socialistas matizan, por su parte, que el nuevo foro que plantea Ibarretxe debe inspirarse en los principios del socialdemócrata irlandés John Hume: cese de la violencia; todos discuten sobre todo, pero de acuerdo con unas reglas de juego. Éstas se regirían por la actual normativa fijada por la Constitución, esto es, que una posible reforma de la Carta Magna se materializaría a través de los mecanismos que ella misma marca.

Además de un posible respaldo a la mesa de Ibarretxe, el Gobierno está activando dos proyectos para avanzar en el proceso de paz: la ley de ayudas a las víctimas del terrorismo y el posible regreso de aquellos colaboradores de ETA, exiliados que no tengan causas pendientes con la justicia.

Más reacio se muestra el Gobierno a la flexibilización de su política penitenciaria, en la que mantiene los criterios de individualidad -analizar caso por caso- mientras ETA no avance en el proceso de paz. El Pacto de Lizarra, por contra, reivindica el acercamiento de todos los presos a cárceles de Euskadi sin más demoras.

En este punto, el PSOE presiona al Gobierno para que juegue más fuerte, con el argumento de que gran parte de la opinión vasca cree insuficientes las medidas del Ejecutivo.

Los socialistas consideran asimismo que queda un margen de iniciativa en el terreno de la ofensiva política y parlamentaria. Ahí se sitúa su propuesta de un gran debate en el Congreso de los Diputados sobre el proceso de paz, aunque matizan que debe realizarse con garantías de consenso. También plantean dar la "batalla política" en la sociedad vasca para evitar que el proceso de paz se transforme en un proceso de autodeterminación.