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El juez del "caso Zamora" pide datos bancarios para confirmar los pagos de Sangregorio al PP

El magistrado instructor del caso Zamora, José Antonio Martín Pallín, añadió ayer a las diez nuevas citaciones de imputados y testigos una batería de diligencias en las que reclama nuevos extractos de cuentas a entidades bancarias, sentencias recaídas en diversos procesos relacionados con imputados en la causa y reitera su petición a la Agencia Tributaria de que le envíe dos peritos en contabilidad bancaria. La solicitud más llamativa se refiere a las cuentas de Alianza Popular, Partido Popular y del constructor Antonio Sangregorio para seguir la pista a un talón que este empresario extendió, según admitió el martes, para contribuir a la campaña de José María Aznar a la Presidencia de Castilla y León.

El instructor del Supremo para el caso Zamora ha requerido a la sucursal principal del Banco Santander en Zamora que aporte los extractos de movimientos de la cuenta corriente número 5.332 cuya titularidad pertenecía a AP de Zamora, desde el 25 de mayo de 1984 hasta el 3 de febrero de 1989, fecha en que se cambió su denominación por la de Partido Popular. En el mismo sentido requiere a las otras entidades bancarias que le informen si existen o han existido cuentas abiertas a nombre de alguna de esas dos formaciones políticas. Pero la petición más significativa es la dirigida al juzgado de primera instancia número 1 de Zamora, para que le remita testimonio de la "documentación bancaria, números de cuenta, nombre de las entidades y movimientos de las cuentas corrientes que la empresa Construcciones San Gregorio aportó en el procedimiento de quiebra que se sigue ante dicho juzgado". Esta solicitud parece estar relacionada con la confesión del pasado martes del constructor Antonio Sangregorio en el Tribunal Supremo, que ha dado un vuelco al caso. Sangregorio declaró que había entregado un talón de 750.000 pesetas a su colega César Martínez Omaña como parte del pago de tres millones de pesetas que ellos dos y el también constructor Miguel Vecino aportaron a la campaña de Aznar para las elecciones de 1987 a la Junta de Castilla y León. Sangregorio aseguró que había entregado un cheque por las 750.000 pesetas a Martínez Omaña -que debían añadirse a otras 250.000 pesetas que éste le adeudaba para completar el millón-, pero que no recordaba contra cuál de las entidades bancarias con las que trabajaba lo había extendido y que por entonces tenía cuentas en Caja Zamora, Caja Salamanca y el Banco de Castilla.

Los exdiputados provinciales en Zamora Manuel Jambrina e Isaías Galende Sastre declararon ayer en el Supremo. Éste negó que en la Diputación zamorana se cobrasen comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras, unas acusaciones que calificó de "cuentos chinos, patrañas y mentiras" que atribuye a "rencillas y problemas personales".

Respecto a las contribuciones a la campaña de Aznar dijo que los donativos "no son malos" y que si alguien dio dinero "allá él".

El instructor también ha pedido a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que acredite si en 1987 y 1988 Construcciones San Gregorio tenía otorgada su calificación como contratista y que clase de clasificación tenía. Martín Pallín ha vuelto a requerir a la Agencia Tributaria para que designe dos peritos expertos en contabilidad bancaria, solicitud que ya planteó el 16 de marzo y que Hacienda no ha atendido hasta ahora.

Expedientes de obras

La Diputación de Zamora deberá remitir a Martín Pallín una certificación de los expedientes de obras relativos al frontón y a la piscina polideportiva de Gema del Vino y otro sobre la ejecución de tres piscinas en Alcañices, Villanueva del Campo y Palacios de Sanabria.

El magistrado también se ha interesado por una certificación acreditativa de los periodos de tiempo entre julio de 1991 y abril de 1997 en que estuvo vacante la presidencia de Antolín Martín en la Diputación por algunas de las causas previstas legalmente. Martín, que fue presidente de la Diputación por el PP y hoy es uno de los denunciantes del caso Zamora, adujo ante el instructor que otros imputados en la causa aprovechaban sus ausencias para colar adjudicaciones a constructores próximos al PP.

Igualmente ha reclamado a la Diputación una certificación acreditativa de la forma en que accedieron a sus cargos los funcionarios Luis Hernández González Loma, Florentino Rodríguez Delgado, Isaías Galende Sastre, Ricardo Ferrero, Miguel Hernández Henríquez, María Luz Martínez Gutiérrez, Cecilia Tábara Antón, y familiares de la técnico del ayuntamiento Carmen Natividad Romero. En otra de las disposiciones, solicita que se averigüe el domicilio de Horacio Espina Méndez, ex oficial mayor de la Diputación y que está citado como testigo el día 21.

El instructor ha reclamado a diversos órganos jurisdiccionales una extensa relación de sentencias que afectan a personas relacionadas con el caso Zamora. Así, ha pedido al juzgado decano de Zamora que le remita dos fallos dictados en juicios de faltas, el primero de los cuales, de abril de 1988, condena a Pilar Cidón Madrigal y a Antonio Sangregorio como autores de una falta de amenazas. Otra sentencia, de 1987, corresponde a una condena a Manuel Fernández Mistal y el constructor imputado Manuel Tábara Lobo. Asimismo, ha interesado que le remitan testimonio de unas diligencias previas abiertas en 1987 por el juzgado de instrucción número 2 de Zamora. También ha solicitado sentencias a la Audiencia Provincial de Zamora, a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y a la Sala Segunda del Supremo.

Por otro lado, Martín Pallín, en un auto notificado ayer, contesta al senador del PP Dionisio García Carnero, imputado en la causa, que no puede renunciar a su aforamiento sin dejar su escaño. Se rechaza así la petición del senador de renunciar a su aforamiento para que el caso Zamora fuera devuelto al Tribunal Superior de Castilla y León.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de abril de 1999

Más información

  • Solicita a la Diputación que certifique cómo accedieron a sus cargos varios funcionarios