Los 11 colegios de abogados expresan su "rechazo unánime" al borrador de decreto de asistencia gratuita

Un no rotundo. Esa es la postura que mantiene el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados -un órgano integrado por los decanos de los 11 colegios de la comunidad- frente al borrador de decreto propuesto por la Junta para regular la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio. En una reunión mantenida el pasado sábado para coordinar posturas, los 11 decanos expresaron su "rechazo unánime" al proyecto que sustituye al Real Decreto vigente en todo el Estado y que será aprobado en las próximas semanas. "Consideramos que es regresivo y que empeora la situación existente", manifestó José María Davó, decano del Colegio de Málaga. La razón: contempla un letrado para cada cinco guardias en vez de las tres que estipula la actual legislación, lo que en la práctica supone reducir a casi la mitad el número de abogados que prestan sus servicios de forma gratuita. "Al exigir más asistencias disminuirá la calidad", manifestó el abogado. El Consejo no descartó medidas de presión similares a las que ha tomado el Colegio de Málaga, que decidió el pasado jueves suspender la atención jurídica en los municipios donde se presta con carácter voluntario (Torremolinos, Fuengirola, Marbella, Ronda, Estepona y Vélez-Málaga). Según explicó Davó, corresponde ahora a las juntas de gobierno de los 10 colegios restantes tomar cartas en el asunto y pronunciarse de forma individualizada. Otra de las decisiones que salió de la reunión es la de realizar un estudio jurídico del borrador para detallar aquellos "puntos contrarios a la legislación" y hacérselo llegar a Rosa Bendala, la directora general de Instituciones y Cooperación con la Justicia. No es la primera vez. El Consejo envió a la Junta cuando estaba abierto el plazo consultivo un plan "muy exhaustivo de enmiendas y correcciones" a la actual propuesta de reglamento el año pasado. "Ni una sola de las correcciones. Repito, ni una sola, ha sido tenida en cuenta", aseguró Davó a la luz del borrador definitivo recibido el pasado 9 de marzo, cuando recibió esta "desagradable sorpresa". "No quiero interpretarlo como algo sintomático porque sería muy grave que la Junta hubiera sido desconsiderada con los propios abogados, que son a los que concierne este borrador". Davó aseguró que los baremos de retribución contemplados en el borrador "ni tan siquiera han tenido en cuenta la subida del IPC o situaciones asistenciales nuevas". Los letrados reciben 19.000 pesetas por guardia desde 1995 y, de aprobarse la regulación, las seguirían cobrando por casi el doble de trabajo. El decano aseguró que es un problema de "segundo orden frente al detrimento de la asistencia que va a sufrir el ciudadano, pero además repercute en la dignidad de los profesionales, que reciben una remuneración indecorosa".