Un testigo relata cómo Garro organizó la 'operación locales' con el testaferro Allende

El ex director de Inmovilizado y Patrimonio de Banesto Rafael Rodríguez Castaño declaró ayer que fue su superior, Fernando Garro, quien le ordenó realizar la compra, a finales de 1990, de varias naves industriales en Azuqueca de Henares (Guadalajara) por un valor real de 750 millones de pesetas, transacción que figuró por 364 millones en escritura pública. Esta operación fue una parte de varias compras de locales que ascendieron a 2.996 millones de los cuales los vendedores recibieron 1.269 millones. Los restantes 1.725 millones fueron a parar a manos de Tomás Allende y Miláns del Bosch, presunto testaferro de Garro.Rodríguez Castaño, que puso de relieve los hechos a la nueva administración de Banesto en un escrito de diciembre de 1994, se ratificó en su declaración sumarial, tras ser preguntado por el fiscal. Según explicó, la transacción que tuvo que realizar, siguiendo instrucciones de Garro, consistió en hacer el montaje de los 420 millones de pesetas que figuraron fuera de la escritura pública, que consistió en distribuir el importe en tres facturas que emitieron dos empresas, Cimasa y Cimecón, con fecha 30 de noviembre de 1990. Rodríguez Castaño precisó que él mismo firmó las facturas y que éstas llevaban el visto bueno de Garro, quien a partir del 20 de junio de 1989, era director general de Servicios e Inmobiliario de Banesto.

Rodríguez Castaño, según declaró ayer, se quedó con una copia de las facturas por considerar que se trataba de una operación singular. Según dijo, se quedó intranquilo y prefirió guardarse una copia por si hubiera algún problema. Los 420 millones pagados en tres facturas a las dos sociedades se hicieron en concepto de un estudio, que, como tal, costó más que los 364 millones desembolsados por las naves y solares.

Entre los vendedores y Banesto, según narró Rodríguez Castaño, actuó como intermediario Tomás Allende y Miláns del Bosch. Este hombre, según explicó el testigo, le fue presentado por Garro. "Me dijo que le tratase bien", dijo ayer el testigo. Fue Tomás Allende quien le enseñó las naves. "Yo no conocí a los vendedores", explicó el testigo. La parte pagada como estudio (420 millones de pesetas) en la operación descrita fue contabilizada, según explicó el testigo, en el activo del banco, por instrucciones de Garro, en lugar de ser considerado un gasto.

La defensa de Garro, que rara vez interviene, intentó ayer debilitar al testigo, que sigue actualmente en el grupo Banesto,sin demasiado éxito. El abogado Javier Sáenz de Pipaón buscó demostrar, con insinuaciones, que Rodríguez Castaño había puesto su firma en un informe que le fue presentado por la administración de Alfredo Sáenz. Más tarde, al abordar el tema de la contabilización, preguntó al testigo si la instrucción de Garro para que contabilizara los 420 millones en el activo no se debía al hecho de que esas eran las prácticas que, por orden de la superioridad, se aplicaban en Banesto.

Otros testigos que recibieron cheques por obras de arte y antigüedades vendidas a Tomás Allende, alias Tomás Alegre, ratificaron haber recibido el dinero de Allende.