El abogado de Maeso busca restar validez al informe epidemiológico

Un año después del inicio de la investigación judicial del brote de hepatitis C, la defensa de Juan Maeso, el anestesista imputado en la causa, ha movido pieza. Francisco Davó ha solicitado al juez una amplia batería de pruebas que intentarán demostrar, preferentemente, que el estudio epidemiológico que relaciona a su cliente con 171 casos de contagio no es válido ni científica ni jurídicamente. [EN] Davó, además, solicita la existencia de las pruebas documentales que podrían probar la adicción del médico a las drogas.

El "autodenominado Estudio Epidemiológico", la documentación de carácter técnico "presuntamente utilizada" en la elaboración de ese informe o "la denominada Comisión Científica Asesora Externa". Davó -es decir, Maeso- no oculta en el lenguaje su intención: poner de manifiesto la irrelevancia técnica del Estudio Científico sobre el Brote de Hepatitis C y deslegimitar al grupo de trabajo que lo elaboró, seleccionado por la Consejería de Sanidad, la institución encargada de controlar -Clínica La Salud- y gestionar -La Fe- los hospitales en los que se ha producido uno de los mayores escándalos sanitarios en España. Con ese objetivo, el actual letrado de Maeso -sustituyó a Pilar Beltrán en el asunto- ha pedido los "estudios epidemiológicos y trabajos científicos que se hayan realizado, con anterioridad al mes de febrero de 1998, en la Comunidad Valenciana"; los "datos clínicos" o "informes, documentos o análisis clínicos" utilizados por la comisión para concluir que el anestesista es adicto a los opiáceos o, entre otros, los estudios realizados a partir de febrero de 1998 sobre la "prevalencia del virus del VHC (de la hepatitis C) en la población". Según fuentes cercanas al caso, la pretensión del letrado es clara. Intentar probar que las conclusiones del estudio son impresentables -por ello su comparación con anteriores trabajos- , demostrar que no existe prueba alguna que justifique, tal como concluyó la comisión científica, que Maeso es drogadicto -por eso los datos clínicos sobre su pretendida adicción- o tratar de convencer al juez de que el elevado número de portadores del virus convierte en más que posible que su cliente, más que el foco de contagio, sea una víctima más de la infección. Un total de 690 de las 4.871 personas chequeadas son portadoras del virus. El informe epidemiológico vincula sin tapujos al anestesista con 171 casos de contagio. Además, acusa a Maeso de ser adicto a los opiáceos y relaciona sus ritmos de trabajo y uso de sustancias estupefacientes con la práctica de las infecciones. Contundente, elaborado tras el análisis de 4.871 muestras de sangre, resultado de meses de trabajo, y, evidentemente, ratificación de una de las bases sobre las que se sostiene la imputación del juez contra el anestesista. Davó, sin embargo, duda de la corrección del informe. En su escrito de petición de pruebas, también solicita la comparecencia de varios de los responsables del estudio: Francisco Bueno, director general de Salud Pública de la Consejería; Hermelinda Vanaclocha, jefa del servicio de Epidemiología del mismo departamento y J. Ferran Martínez, jefe del área de Vigilancia de la Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología. De prosperar la petición del letrado, declararían en calidad de testigos, "y sin perjuicio de ulteriores modificaciones de su situación procesal" (léase imputados), para que "aclaren", "puntualicen" e incluso "rectifiquen" aspectos del informe. Davó también demanda las comparecencias de la responsable de la Unidad de Evaluación y Calidad Asistencial de la consejería, Amparo Flores, y de tres de los inspectores que impulsaron los expedientes abiertos por vía administrativa por el caso, así como la de Alicia de Miguel, directora del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad.