Polémica en Cádiz por las competencias de abogados y graduados sociales

Los colegios profesionales de abogados y de graduados sociales de Cádiz se han enzarzado en un agrio enfrentamiento público desde que el pasado jueves trascendiera un auto de un juez de lo contencioso-administrativo de la ciudad en la que descalificaba la intención de un graduado, José Blas Fernández -que es presidente nacional de su colegio y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz-, de representar a un recurrente. El juez negó a Fernández su intervención y le recordó que la ley sólo permite a los procuradores la representación de los recurrentes. En todo caso, al mismo ciudadano, pero bajo ningún concepto la suplantación del letrado por un graduado social. Fernández ha anunciado diferentes medidas legales contra el juez que firma la sentencia, Ángel Rubio del Río, a quien piensa recusar ante el Consejo general del Poder Judicial y contra quien interpondrá una demanda contra el honor. Fernández entiende que el juez emitió juicios de valor contra su profesión y sostiene que esas apreciaciones cobran "un efecto mundial" al haber sido incluidas en la edición electrónica de Diario de Cádiz en Internet. Tras anunciar las acciones, previstas, el Colegio de Abogados emitió un comunicado calificando a Fernández como "inquisidor general" y defendiendo al juez, considerado víctima de un ataque "intolerable, in justo, arbitrario y demagógico". A la vez, Fernández considera que a los graduados sociales se les debe considerar juristas al amparo del real decreto 1665/91, en el que se recoge las profesiones jurídicas. Sobre ese particular, los abogados sostienen que "nadie ha visto su título", en referencia a Fernández