Las expropiaciones de la Ciudad de la Luz de Alicante acaban en los tribunales

El Ayuntamiento de Alicante registró ayer el primer gran debate de la precampaña electoral, protagonizado por el proyecto bandera del gobierno popular: el complejo lúdico de la Ciudad de la Luz, que comportará una importante modificación del planeamiento urbanístico de la ciudad. La oposición arremetió con dureza contra la expropiación de terrenos para el parque y contra el plan especial de usos e infraestructuras para la zona. Los documentos previos a este plan ya han llegado a los tribunales de la mano de un recurso contencioso-administrativo presentado por el PSPV.

¿Es legal que la Administración expropie terrenos e inmuebles a particulares para favorecer negocios privados y actividades de dudoso interés público? ¿Puede la Generalitat ordenar el desarrollo de un territorio sin contar con el municipio afectado? PSPV, EU y NE arremetieron ayer contra el proyecto de expropiación de terrenos y contra el plan especial de usos e infraestructuras, presentado el miércoles por el presidente del Consell, Eduardo Zaplana, mientras el PP destacó que será un revulsivo turístico. No comparten esta visión los socialistas. El candidato a la alcaldía por el PSPV, José Antonio Pina, y el diputado del mismo partido Alfonso Arenas, han presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia contra el plan especial de reserva de suelo para el proyecto ejecutado por el Consell como uno de los pasos previos al plan especial. Los dirigentes socialistas, que acuden a los jueces a título personal, consideran que el planeamiento impuesto por el Consell vulnera el principio de autonomía municipal. "Estamos al dictado de Valencia, y desde allí se nos gobierna", señaló Pina. Y Arenas aseguró que el plan especial es "simple propaganda política que presenta Zaplana para engañar a los ciudadanos". Desde EU y NE se insiste en que los trámites para conseguir el suelo para la Ciudad de la Luz vulneran la legalidad, como ilegal sería cualquier obra que se acometa en el paraje, que hoy dispone de una calificación especial como hito paisajístico. Para el portavoz de EU, José Luis Romero, la transformación planteada para los más de tres millones de metros cuadrados exige que el plan general de la ciudad sea modificado. "Además", dijo Romero, "el proyecto carece de la necesaria justificación de interés público para acometer las expropiaciones". Pablo Rosser, portavoz de NE, aseguró que Zaplana y el alcalde, Luis Díaz Alperi, están "obligados" a modificar el planeamiento de la zona afectada. "Intentan meter el proyecto con calzador, tapándose los ojos respecto a lo que las normas urbanísticas permiten en esa zona", puntualizó el edil. El concejal de Urbanismo, José Ramón García, respondió que la tramitación de un plan especial sería suficiente para dar luz verde a las obras, dado que ese documento llevaría implícita una modificación del planeamiento. "El interés social del proyecto está suficientemente justificado, lo que legitima la actuación, y está promovido por una administración que tiene plenas competencias en materia de ordenamiento del territorio", añadió García.