Molins, partidario de imponer un nuevo impuesto a las viviendas desocupadas de Barcelona

El candidato de Convergència i Unió (CiU) a la alcaldía de Barcelona, Joaquim Molins, se mostró ayer partidario de gravar fiscalmente las viviendas no ocupadas que existen en la ciudad como medida persuasoria para impedir la marcha de los jóvenes hacia otros municipios en busca de pisos más baratos y en mejores condiciones. Molins cifró en unas 70.000 las viviendas vacías en Barcelona y en unas 300.000 las que no reúnen las condiciones de habitabilidad exigidas por la mayoría de los ciudadanos, principal causa, a su juicio, de la pérdida de población.

Según el candidato convergente, este tipo de casas, deshabitadas o en pésimas condiciones, se quedan fuera del mercado de compra y alquiler, lo que provoca la subida del precio del suelo y también de las viviendas de nueva construcción. Para hacer frente a este problema, Molins propuso la necesidad de que el Ayuntamiento promueva una "verdadera política de vivienda" y acusó al actual alcalde, Joan Clos, de rehuir de esta responsabilidad. La falta de una política concreta en esta cuestión la evidencia, según Molins, el hecho de que durante estos cuatro años el gobierno municipal socialista ha llevado a cabo una venta "indiscriminada mediante subasta" del suelo edificable, cedido por las empresas constructoras, en vez de promover viviendas sociales. El déficit en esta materia se saldaría con la renovación del parque inmobiliario vacío o en pésimo estado de habitabilidad y la creación de planes especiales de urbanismo en los barrios. Además de la creación de esta nueva tasa, Molins propuso una campaña de concienciación ciudadana para que sean los mismos propietarios de las casas quienes las reformen. La consecuencias sociales que ha ocasionado la actuación de Clos en materia de vivienda han sido pésimas, a juicio del candidato de CiU. Por este motivo, en Barcelona cada vez se dan más casos de grupos de 20 o 30 personas, la mayoría de ellos inmigrantes, que ocupan viviendas en condiciones "muy deprimidas", sobre todo en barrios como Ciutat Vella, Sant Andreu, Sant Martí, Sants, Hostafranc y Poble Sec. Además del problema de la vivienda, Molins afirmó que la gente -especialmente la franja de población de entre 25 y 29 años- se va de Barcelona porque se ha creado menos empleo que en el resto de Cataluña. Según los datos que figuran en un informe elaborado por CiU, el empleo bajó un 7,2% en la ciudad entre 1990 y 1997, mientras que se incrementó en un 7% en el área metropolitana durante el mismo periodo. "Barcelona no puede permitirse seguir perdiendo población, no sólo por los propios ciudadanos, sino por los efectos que ello tiene en la sostenibilidad económica, y en especial en el pequeño comercio", afirmó Molins. El informe de CiU señala que en caso de que se mantengan las mismas tendencias de despoblación, Barcelona sólo tendrá 1,2 millones de habitantes en el año 2015. Por otra parte, Joaquim Molins se mostró a favor de recurrir al endeudamiento de las administraciones para financiar las nuevas infraestructuras de transporte que necesita el área metropolitana de Barcelona. Mañana jueves se reunirá la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) para tratar del sistema de financiación de las obras de ampliación del metro, la instalación de tranvías y el tren del Baix Llobregat.