Estafado por parado

"Trabajo fijo. Reparto de electrodomésticos. Sueldo diario 30.000 pesetas. Contrato cinco años. Facilidades de financiación para compra de vehículo adecuado". Así rezaba la oferta de trabajo que leyó un día J.A.C. en un periódico. Con la esperanza de conseguir un trabajo, se dirigió a las dependencias de la sociedad Truck Reparacion, S.L., en Sabadell, con la esperanza de conseguir un puesto de camionero y encargarse del reparto a empresas a empresas como Pryca y Continente, según los anuncios aparecidos. Sin embargo, existía una condición previa: tendría que financiar él mismo el vehículo y conseguir la tarjeta de transporte. Y por eso el problema surgía enseguida: ¿Cómo un señor en paro iba a hacer frente a tal gasto, unos dos millones y medio de pesetas, por lo bajo? J.A.C. tenía algunos ahorros y de esa forma pudo hacer frente a los dos millones que le costó el camión, de segunda mano y con 10 años de antigüedad, gracias al cual saldría de su pasividad laboral. El vehículo lo consiguió a través de la empresa Truck Reparacion, S.L., que a cambio obtendría comisiones muy elevadas. Pero el camión era tan viejo que J.A.C. no pudo obtener la autorización para realizar el transporte. Su enfado no se hizo esperar. Hasta tal punto llegó el enfado que provocó un cambio de papeles: los responsables de Truck Reparación, Miguel Mejías Linares, como socio y administrador, respectivamente, los dos actualmente en prisión, denunciaron a J.A.C. Por su parte, Enrique Aparici Artola, actuaba como apoderado. Todos presentaron una denuncia por coacciones contra J.A.C., que pasó así de ser víctima a acusado. Red de sociedades El abogado de J.A.C, Josep Domènech Delsors, comenzó a investigar las causas del fabuloso enfado de su cliente. Tras arduas investigaciones comprobó que la supuesta estafa formaba parte de toda una red de sociedades creadas con el fin de ir salvando posibles obstáculos que aparecieran durante la consecución del timo. Al final de la investigación, se descubrió que esa trama de sociedades había operado de la misma manera con otros 200 aspirantes a transportistas. Cuando el demandante de empleo carecía de recursos económicos, la "facilidad de financiación" pasaba por la visita a una entidad financiera. "Siempre seguían el mismo proceso", explica Domènech. "El estafado era acompañado por una señorita de la sociedad que, a través de una factura proforma del vehículo que iban a comprar, justificaba la concesión de un préstamo al cliente", destaca el abogado. Y añade: Después, se le vendía un camión o bien una furgoneta de segunda mano o nueva por un precio mayor del habitual, y mientras algunos llegaban a trabajar de repartidores sin ganar ni mucho menos lo que les prometieron, ni lo justo para devolver el préstamo, otros, como mi cliente, no llegaron ni tan siquiera a trabajar". Atraer el interés Mejías y Aparici crearon otra sociedad, Spain Truck, S.L., en la que el primero era administrador único y el segundo actuaba de apoderado. Su objeto social era el mismo que el de la sociedad Truck Reparación, S.L., aunque a los anuncios habituales añadieron expresiones atrayentes para los ilusos que creyeran en ellos. Algunas de las expresiones para atrarer su interés rezaban así: "facilidades para disponer de tarjeta de transporte", "tramitamos tarjeta nacional" o "compra de vehículo con tarjeta de transporte". El requisito seguía siendo que el comprador del vehículo obtuviera la tarjeta de transporte. Los ofertantes le facilitaban un justificante profesional de un gestor y un recibo conforme el trabajador había solicitado la tarjeta. Así conseguían que terminaran pagando un sobreprecio por los vehículos al tratarse de una oferta de trabajo con tarjeta de transporte. Pero eso no les serviría de nada, pues esos documentos no autorizaban, ni siquiera de forma provisional, a la realización de transporte público por carretera de mercancías. El siguiente obstáculo a salvar llevaría a Mejías y a Aparici a formar una nueva sociedad, Rent Trafic, S.L. En 1998 la normativa sobre concesión de autorizaciones de transporte había cambiado y se exigía el título de capacitación profesional o una determinada antigüedad en el ramo para pdoer dedicarse a esta actividad. Así que los presuntos estafadores idearían una nueva oferta de trabajo: se daba la posibilidad a los demandantes de empleo de integrarse en una cooperativa. Los clientes, que no tenían tarjeta de transporte, debían poner a nombre de Rent Trafic, S.L. el vehículo que o bien era propio o habían adquirido a través de Truck Reparacion, S.L. Además, se ofrecía un contrato de arrendamiento del vehículo por un precio superior que debía renovarse cada mes. Al cliente, se le entregaba una copia de una tarjeta original de transporte -autorización que concedía en aquella época el Ministerio de Transportes- para evitar que la Dirección General de Tráfico detectara que en realidad no tenía autorización. Todo un entramado que, según el abogado de J.A.C, ha conseguido que alrededor de 200 personas continuen sin tener trabajo y, además, tengan graves dificultades económicas. "Calculo que, a razón de dos millones por pesetas de media por persona, esta gente ha podido apropiarse de alrededor de 400 millones de pesetas", comenta Doménech. En estos momentos, a Mejías y Aparici se encuentran en prisión sin fianza por orden del juez que instruye el caso.