El riesgo de nacer entre rejas

"Desde su nacimiento debe haber alguna persona que se haga cargo del niño. De lo contrario, un juez asignará a una entidad (hospicio) la custodia del niño hasta que su madre" esté en libertad. "Desde la Embajada le prestaremos toda la asistencia necesaria, pero que no tenga carácter económico (...)". La carta, firmada por Ignacio Escobar, encargado de asuntos consulares en la Embajada de España en Panamá, supuso en febrero un auténtico mazazo para su destinatario, Antonio Salazar. Yolanda, madrileña de 24 años e hija de Antonio Salazar, ingresó en noviembre en el Centro de Rehabilitación Femenino de Panamá tras ser detenida con su compañero, Ángel Ruiz, en el aeropuerto por tráfico de drogas. Estaba embarazada y tiene previsto dar a luz en junio. Su juicio se celebrará el 12 de abril.Estar encinta y parir en una prisión extranjera no es un plato de gusto. Más aún si los servicios consulares españoles no brindan a la embarazada todo el apoyo necesario.

La primera noticia de su detención no la tuvieron los padres de Yolanda a través de los servicios consulares. Se enteraron por abogados panameños que les llamaban a cobro revertido para ofrecerse a defender a su hija. La Embajada no les recomendó a ninguno y, al final, se pusieron en manos de un letrado que les ha cobrado hasta ahora 604.000 pesetas, a repartir con los padres de Ángel, encarcelado en Renacer. Éstos, a los que la Embajada española en Panamá llama a cobro revertido, han pedido un crédito para hacer frente al gasto.

Ahora, tras recibir la carta de Ignacio Escobar, Antonio Salazar se pregunta cómo con una pensión de 58.000 pesetas mensuales podrá él o algún familiar suyo viajar a Panamá en junio para recoger al recién nacido y evitar que ingrese en un orfelinato. Yolanda comentó por teléfono que si esto sucede le costará recuperar a su hijo porque hay una fuerte demanda de adopción de bebés de raza blanca.

Un senador, el socialista riojano Ignacio Díez, intenta que Exteriores reconsidere su posición y eche mano, para sufragar los gastos de viaje a Panamá, de los fondos para repatriación de españoles. Arturo Pérez, subdirector de Asuntos Consulares, no descarta que al final se arbitre esta solución.

El de Yolanda no es el único caso de esta índole. Aunque dio a luz hace 26 meses, Ana María Martín Merino, malagueña de 29 años, que cumple una condena de 10 años de cárcel por tráfico de drogas en el penal de San Antonio, en Isla Margarita, ha podido hasta la fecha criar a su hijo Franklin en la prisión venezolana. Es ahora cuando empieza su pesadilla.

Dentro de 10 meses, cuando su pequeño cumpla tres años, Ana María deberá entregarlo a alguien de su confianza o de lo contrario la prisión lo dará en adopción, según Jesús Novelle, delegado en Caracas de la Fundación Españoles en el Mundo. Ana María pudo pedir su traslado a una cárcel española, pero no lo hizo, según contó a EL PAÍS por teléfono, porque el vicecónsul honorario, Francisco Vilariño, le advirtió de que corría el riesgo de perder la custodia de su bebé. Novelle le explicó que no era así y ella se decidió hace tres meses a solicitar el traslado.

Los 12 presos españoles en San Antonio se quejaron en noviembre al Ministerio de Justicia en España de la falta de atención de Vilariño. No recibieron respuesta. [EL PAÍS llamó a la agencia inmobiliaria de Vilariño en Porlamar, pero no pudo hablar con él]. Poco después, los seis reos varones españoles fueron enviados a El Dorado, un penal perdido en la selva y más duro.