El Ayuntamiento de Elche exige a IFA el pago de 107 millones de pesetas. EU considera que detrás del conflicto de IFA está el consejero Diego Such

El ente autónomo de gestión tributaria Suma se ocupará de cobrar por la vía ejecutiva la deuda de 107 millones de pesetas que la Institución Ferial Alicantina (IFA) mantiene con el Ayuntamiento de Elche (Baix Vinalopó). Esta cantidad procede del impago de las tasas de construcción de los años 1991 y 1992, y del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y de actividades económicas (IAE) de varios años.

Representantes municipales se reunieron a principios de semana con el director de IFA, Alberto Serrano, pero no consiguieron llegar a ningún acuerdo. La intención del Ayuntamiento era hacer cumplir un convenio redactado el año pasado y que no llegó a firmarse. Éste prevé la amortización de la deuda a través de subvenciones a los expositores de Expocalzado y Modatecc, presencia en las ferias de la caseta municipal y la extensión de 50 pases de protocolo y 500 invitaciones para varias exposiciones, todo ello durante un periodo de ocho o diez años. El plazo resulta demasiado largo para IFA, que propone cancelar la deuda en tres años mediante diversos servicios que el recinto ferial prestaría al Ayuntamiento, pero los concejales asistentes a la reunión no consideraron esta oferta atractiva. Por ello, el Ayuntamiento de Elche cobrará la deuda por la vía ejecutiva y a través de Suma. Este trámite implica un recargo del 20% y la aplicación de los intereses de demora desde 1996, con lo que la deuda podría aumentar hasta los 150 millones de pesetas. Contra las pretensiones recaudatorias del Consistorio ilicitano, Serrano expuso un acuerdo de 1991, en virtud del cual el entonces alcalde Manuel Rodríguez eximía a IFA del pago de tasas por licencia de obras. Dijo también que la institución ha ofrecido desde 1991 al Ayuntamiento servicios por valor de 70 millones de pesetas que no han sido tenidos en cuenta para rebajar la cuantía de la deuda. La decisión del Ayuntamiento de cobrar por la vía ejecutiva es el último paso en unas negociaciones que han tensado las relaciones entre el gobierno municipal que dirige el socialista Diego Macià y la dirección del recinto ferial alicantino. La concejala ilicitana Ángeles Candela, de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), que participó en las negociaciones de esta semana, aseguró que detrás de la negativa de la Institución Ferial Alicantina a aceptar las ofertas del Ayuntamiento de Elche "se encuentra la mano del consejero de Empleo, Industria y Comercio, Diego Such", que en su opinión pretende desprestigiar al Consistorio ilicitano. Es también significativo que el encuentro se produjera en el marco del final del certamen Expocalzado, la feria dedicada a la producción industrial de calzado. Este es uno de los certámenes más importantes tanto para la Institución Ferial Alicantina como para el municipio de Elche, cuya economía se fundamente en gran parte en este sector. IFA denuncia que durante la actual legislatura "no ha entrado ni una sola peseta" procedente del Ayuntamiento ilicitano en materia de subvenciones, ya que las que reciben Expocalzado y Modatecc (la feria centrada en la vertiente de moda y diseño del calzado) son cantidades que IFA deja de facturar al expositor que el Ayuntamiento monta en ambas citas. El conflicto que enfrenta hoy al Consistorio ilicitano y a la Institución Ferial Alicantina ya se produjo hace unos años en Valencia. La entonces Feria Muestrario Internacional de Valencia se negó a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al Ayuntamiento de esta ciudad, al considerar que la institución ferial era un organismo de utilidad pública y, por tanto, estaba exento del pago de determinados impuestos. Deuda de 171 millones Cada año el Ayuntamiento de Valencia enviaba la liquidación correspondiente del impuesto y cada año, también, los responsables de la Feria de Valencia, entonces presidida por Ramón Cerdá, recurrían su pago. En concreto, la institución ferial valenciana debía las liquidaciones desde 1990 a 1996, que sumaban cerca de 171 millones de pesetas. Una resolución del Tribunal Económico Administrativo de la Comunidad Valenciana dio, al final, la razón a Feria de Valencia el 30 de diciembre de 1994. Unos dos años más tarde, el 2 de abril de 1997, la alcaldía emitió una resolución en la que se anulaban las liquidaciones entre 1990 y 1996. Esta no es la única ocasión en la que la Feria de Valencia ha disentido de los criterios de las diferentes administraciones públicas en lo que a pago de impuestos se refiere. El otro contencioso sostenido por la institución ferial de Valencia fue contra la Agencia Tributaria, quien, después de una inspección, le exigía el pago de varios cientos de millones de pesetas en concepto de IVA e IRPF. De nuevo, el Tribunal Económico Administrativo le dio parcialmente la razón.