La Audiencia devuelve el control del Valencia al ex presidente Roig
El ex presidente del Valencia Francisco Roig recupera el control accionarial del club de Mestalla. La Audiencia de Valencia revocó ayer la sentencia de un juez de Primera Instancia que anulaba la última ampliación de capital de la entidad valencianista, de 800 millones de pesetas, en la que Roig, sus familiares y compañeros acumularon gran cantidad de títulos en el verano de 1997. La fundación del club recurrirá al Supremo. El principal perjudicado es el actual presidente, Pedro Cortés, cuya continuidad depende más que nunca de Roig y sus hermanos Juan y Fernando.
"La anulación de la sentencia anterior abre la puerta al diálogo", dijo ayer Paco Roig, que, junto a sus hermanos Juan (presidente del Pamesa de baloncesto) y Fernando (presidente del Villarreal), pasan a ser los principales accionistas del Valencia. Ellos fueron los principales beneficiados de la ampliación de capital anulada en Primera Instancia el 28 de enero de 1998. En aquella ampliación, los Roig y otros consejeros burlaron el tope de compra de nueve títulos adquiriendo miles de acciones a través de terceras personas que conocían o no su papel de intermediarios: entre ellos gente de A Coruña, Gijón, Parla o Ibiza. Este periódico averiguó incluso que un consejero del Valencia que todavía sigue en el club, José Garrido, se valió de su condición de alto cargo de una caja de ahorros para obtener testaferros entre directores de sucursales, empleados de las mismas y clientes.La Audiencia reconoce "la confabulación" de algunos consejeros en la compra de acciones, pero exculpa al consejo del Valencia, ya que éste "no adoptó en este sentido decisión alguna colectiva". La sentencia añade que hallándose el consejo integrado "por 16 personas, sólo siete incrementaron su participación accionarial". La resolución, por último, argumenta que esa conducta "clandestina" no privó de ningún derecho a la la fundación del club, que "podía suscribir la totalidad de las acciones sobrantes y no lo hizo".
Tres argumentos que han indignado a la fundación, que contesta a los tres puntos. Primero: ¿cómo iba a adoptarse un acuerdo que reconociese la confabulación, acaso el asesino deja el arma del crimen y su tarjeta?; segundo: ¿dónde se consideran los cánones de conducta exigibles a los administradores?; y tercero: existía un derecho de la fundación a adquirir acciones pero nunca una obligación.
La fundación recurrirá la sentencia al Supremo, y un grupo de peñistas tiene redactada una querella contra Roig, al que acusa de falsificación en documento mercantil, apropiación indebida y administración dolosa.
