Trabajo y Junta de Andalucía evitarán choques públicos tras la crisis de las pensiones

El Gobierno central y la Junta de Andalucía parecen dispuestos a un pacto de no agresión y a evitar enfrentamientos públicos como los que han mantenido en las últimas semanas. Así lo acordaron ayer el ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, y el consejero andaluz de Industria y Trabajo, Guillermo Gutiérrez, en un encuentro de casi tres horas.Su propósito es intentar resolver discrepancias mediante el diálogo, aunque será difícil que lleguen a acuerdos sobre la subida de pensiones o la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. En esos puntos, ninguna de las administraciones piensa rectificar sus decisiones.

La Junta seguirá adelante con la subida de las pensiones no contributivas (3,6%) y las asistenciales (5,5%) por encima del resto de España (1,8%), según manifestó ayer tras el encuentro Gutiérrez. Y el ministro de Trabajo le comunicó, a su vez, que mantiene la decisión de presentar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

El consejero andaluz sostiene que su decisión "no rompe el espíritu del Pacto de Toledo ni la caja única de las prestaciones de la Seguridad Social, porque los recursos salen de la Junta".

En otros frentes habrá diálogo. Gutiérrez aseguró que hay ya "acuerdo político" con Pimentel para actuar juntos en los conflictos abiertos en empresas en crisis andaluzas como Santana, Cárnicas Molina, Tarsis o Río Tinto Minera. Respecto al sector de la minería metálica, el consejero andaluz ha pedido que se elabore un plan alternativo, aunque de momento no tiene respuesta.

Respecto al traspaso de competencias de las políticas activas de empleo, motivo inicial de la reunión, el responsable de la Junta recordó el compromiso del anterior ministro de Trabajo, Javier Arenas, de realizarlo en los primeros meses de este año. Su sucesor, Manuel Pimentel, intentará cumplirlo.

El Gobierno central también piensa seguir presentando recursos contra la aplicación de la jornada de 35 horas en los ayuntamientos, por entender que va en contra de la Ley de Bases de Régimen Local.

La reducción de jornada tuvo ayer críticas del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Federico Durán, quien aseguró en Gijón que no contribuye a la creación de empleo, y aconsejó que el tema se sitúe en la negociación colectiva y fuera de la "politización", informa Efe.