El Tribunal de Cuentas dice que la Junta incumplió tres leyes en 1994

El Partido Popular se armó ayer con un informe del Tribunal de Cuentas sobre cómo administró la Junta los dineros en 1994 para denunciar la "falta de rigor presupuestario" del Gobierno autónomo. El dictamen del auditor público hace una crítica general a la gestión económica de la Junta y subraya que ésta incumplió durante el año analizado las leyes de Contratos del Estado, de Hacienda y de Patrimonio. El estudio añade que sobre 1,7 billones de pesetas de presupuesto, se realizaron un 10% de modificaciones presupuestarias, por valor de 154.449 millones, "no ajustadas a la ley", según el senador y diputado popular Juan Santaella. El tribunal lanza la primera andanada al asegurar que no se entregó la memoria demostrativa "del grado de cumplimiento de los objetivos programados" en los presupuestos; que 15 empresas públicas no mandaron datos para fiscalizar y que "no consta que hayan rendido en plazo sus cuentas las ocho universidades andaluzas". El tribunal destaca que la ley de Contratos fue vulnerada por la Junta en los contratos de menos de 25 millones, adjudicados directamente. "El 31% de los 54 contratos de obras examinados (...) no han sido justificados debidamente", dice el informe, que agrega: "Se han detectado fraccionamientos de obras no justificados". También indica que "la falta de materialización de las ayudas y subvenciones al PER" ha puesto "en peligro la financiación de los proyectos subvencionados". La ley de Hacienda se habría incumplido porque sólo se incluyeron en los presupuestos los datos referidos a 14 de las 38 empresas públicas dependientes de la Junta. El tribunal asegura que tampoco se ha observado la legislación sobre Patrimonio porque ni siquiera existe "un inventario fiable, actualizado ni valorado" y porque "se observan múltiples irregularidades en la gestión y control del inmovilizado". Estos y otros datos (el 32% de las cuentas bancarias no figuran en el Registro General de Cuentas, por ejemplo) llevaron a Santaella a calificar los presupuestos de la Junta como "la cuenta de la vieja".