El Reino Unido quiere recluir a todos los perturbados peligrosos

El ministerio británico del Interior desató ayer las iras de los grupos en defensa de las libertades civiles al proponer el internamiento, con carácter indefinido si es preciso, de los perturbados mentales socialmente peligrosos, aunque no haya mediado delito alguno. La medida fue presentada como una forma de protección frente a cualquiera que presente alteraciones graves de la personalidad, como los pederastas.

La polémica medida puede ser firme a finales del año en curso. Jack Straw, titular de Interior, no está dispuesto a ser de nuevo blanco de las iras de comunidades enteras que le acusan de no hacer nada con los pederastas o bien los enfermos mentales tratados en régimen ambulatorio y que acaban delinquiendo.Dos casos prominentes han sido invocados para justificar el nuevo proyecto. En el primero, Michael Stone, calificado de intratable por los psiquiatras y que vivía solo, mató a martillazos a una madre y a su hija en un sendero rural. La peregrinación en busca de acomodo de Robert Oliver, pederasta convicto, es el otro. Rechazado en todos los rincones del país cuando salió en libertad, seguía representando un peligro para los menores pero no podía ser encerrado de nuevo. "La sociedad no debe depender de la lotería de gentes así, que cumplen una condena pero siguen sin estar curadas", afirmó contundente el ministro en la Cámara de los Comunes.

Sus señorías asintieron mientras Straw hablaba de los delitos que pretendía evitar a partir de ahora. Las cosas cambiaron al asegurar que las nuevas normas serán aplicables a enfermos mentales que no hayan delinquido jamás. Si un psiquiatra considera que su desorden emocional no puede ser tratado en una institución clásica, pero su conducta constituye un peligro, los jueces podrán dictar una resolución ordenando su internamiento en centros especializados todavía por crear. En este caso, tanto los familiares como los vecinos o conocidos bastan para poner en conocimiento de la policía sus temores.

Para el Colegio de Abogados, el gobierno ha ido esta vez demasiado lejos. "La línea divisoria entre los verdaderos enfermos crónicos y los que tienen otros disturbios mentales es a veces muy delgada. Trazarla no será nada fácil", han señalado con preocupación sus portavoces. Las agrupaciones británicas en defensa de las libertades civiles han sido, por el contrario, tajantes. Liberty, una de las más activas, ha calificado de "castigo por un delito aún no cometido" los planes de internamiento de Interior. De momento al menos, el gobierno laborista cuenta con el apoyo de la oposición conservadora.

El internamiento de los incapaces mentales que no puedan decidirlo por sí mismos es una medida contemplada también en el vigente Código Civil español. Con el diagnóstico médico en su poder, los tribunales pueden ordenar el traslado a un establecimiento adecuado. En ningún momento se quebrantan los derechos de la persona por estar facultado el juez para hacerlo. La decisión es revisada por la misma autoridad, que está obligada a hacerlo cada seis meses.

Al venir precedido de delitos de sangre, el proyecto gubernamental británico tiene en apariencia un carácter más policial o coercitivo. De ahí que la decisión definitiva no vaya a tomarse hasta finales de año.