35 HORAS Los disparates, nuevo yacimiento de empleo

Alivia comprobar que el riesgo virtual de pérdida de competitividad por parte de las empresas como consecuencia de la aplicación de la jornada semanal de 35 horas no se extiende al universo de los opinantes insatisfechos y/o confusos: patronos de aquí y de allá; expertos parlamentarios de la leal oposición; tertulianos de radio y contados columnistas de ocasión. No hay decreto que pueda debilitar la libre competencia en desatinos al hablar y escribir sobre las 35 horas: "No creará empleo", profetiza Juan Jiménez Aguilar, la CEOE en pleno y la mitad de la CEA (desde luego será así si los empresarios se declaran abstencionistas); "una burla a la clase obrera", sentencia Luis Carlos Rejón (de ahí que los sindicatos de Andalucía, España y la Humanidad hayan sido los primeros en reclamarla); "prudencia", advierte el ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, como si pidiera tiempo mientras aterriza en el despacho con la pista mojada y a la vez que su Gobierno le impugna el acuerdo a los ayuntamientos catalanes que han osado implantar la pérfida medida. Descontamos, en fin, los disparates sobre el contenido del Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía: que implanta las 35 horas semanales; que reduce la jornada a los funcionarios de la Junta; que permite trabajar menos cobrando lo mismo... Afirmaciones todas que se parecen tanto a la letra del Decreto como el Fuero del Trabajo al Estatuto de los Trabajadores. De donde cabe inferir que los servicios de disparates pueden ser un "nuevo yacimiento de empleo", no previsto por Jacques Delors. Más sutil ha estado la OCDE al llamar la atención sobre el "incierto" dividendo que pueden repartir las 35 horas y que "sólo contribuirá de forma moderada" al descenso del paro. Según este razonamiento, habría que disuadir a cualquier inversor en un proyecto empresarial ante la incertidumbre del dividendo que arrojará. Cierto, lo que se dice cierto, sólo se sabe y a posteriori, por ejemplo que los beneficios brutos de los principales grupos empresariales que cotizan en Bolsa en nuestro país crecieron un 24% en el primer semestre de 1998, mientras "el ritmo de creación de empleo moderó su crecimiento" en el segundo trimestre, según destacaba en portada, hace unos meses, con el mayor alarde tipográfico, un importante diario. El impulso a esta medida política que es "las 35 horas", es decir, incentivar la creación de empleo derivada de su implantación en la empresa privada, como ha hecho el Gobierno andaluz, es el efecto de la fuerza de quienes creemos que los poderes públicos tienen hoy la responsabilidad de explorar todas las iniciativas conducentes a la creación de empleo. De ahí que el manoseado Decreto no contemple sólo incentivos a la creación de empleo por la reducción de jornada sino también por la disminución y eliminación de horas extraordinarias; por la contratación indefinida a tiempo parcial; o por la sustitución por vacantes, ausencia legal, etcétera. Primando, además, a los jóvenes, mujeres y parados de larga duración. En definitiva, quienes ponen en entredicho esta normativa hablan de oído o defienden las viejas y decaídas posiciones neoliberales que atribuyen al crecimiento económico la exclusiva responsabilidad en la creación de empleo. Pero está sobradamente probado que ello es insuficiente y lo será mucho más en un siglo XXI dominado por el imperio de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías de la información. Las 35 horas no pueden ni deben, por otra parte, poner en peligro la competitividad de las empresas, lo cual sería suicida. En los últimos 120 años, en los más importantes países industriales, los ingresos reales han aumentado de nueve a diez veces y el tiempo de trabajo se ha reducido a la mitad. Los aumentos de la productividad han sido tan grandes que ha sido posible distribuir el aumento de prosperidad a la vez en forma de salarios más altos y en forma de tiempos de trabajo más cortos. Las reducciones de tiempo de trabajo han dado el ímpetu necesario para que surgiesen nuevas formas más intensivas de organización del trabajo y de utilización del capital. En un reciente número de Papeles de Economía Española, dos profesores alemanes especialistas en la materia (Gerhard Bosch y Steffen Lehndorff) disertaban con profundidad sobre la "Reducción de la jornada de trabajo y de empleo", y demostraban que el factor decisivo que determina los efectos sobre el empleo no es sólo si hay reducciones del tiempo de trabajo, sino también "cómo son puestas en prácticas". Aportaban interesantes estimaciones empíricas de la efectividad sobre el empleo de las reducciones colectivas del tiempo de trabajo, que registraban resultados positivos si se dan determinados supuestos. Se trata de condiciones relacionadas con la negociación entre empresarios y trabajadores, en un paquete global y a medio y largo plazo, de las compensaciones salariales (para evitar que afecte a los costes laborales unitarios); y con una flexibilización que permita a las empresas la adecuada organización del trabajo y su ajuste a la demanda. Ni las 35 horas son, pues, la piedra filosofal que nos llevará al pleno empleo ni están concebidas para que sólo la empresa soporte la carga. Hay un mínimo común sacrificio para todos: Administración Pública, que incentiva; empresarios, que deben comprometerse a ganancias de productividad ligadas no sólo al factor trabajo (capital, gestión, tecnología...); sindicatos (que pueden negociar productividad y un moderado crecimiento de las retribuciones a cambio de más empleo), y trabajadores, que deben aceptar contrapartidas a las horas de ocio ganadas. Habría que reivindicar un esfuerzo de los opinantes siquiera sea para abordar el debate con seriedad y aceptando, con Heráclito, que el tiempo fluye: de no ser así, la nave del progreso social estaría aún varada en 1833, cuando los trabajadores ingleses alcanzaron su gran objetivo: la jornada de cinco y media de la mañana a nueve de la noche.

Rafael Camacho Ordóñez es portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía