Un inviable pacto fiscal [HH] ANDREU MISSÉ

La propuesta de pacto fiscal presentada recientemente por el consejero de Economía, Artur Mas, establece muy claramente las pretensiones de la Generalitat para la financiación de su administración. La propuesta supone básicamente que la Generalitat recaudará todos los impuestos que pagan los contribuyentes en Cataluña y se quedará la mayor parte para financiar su administración. La lista de Mas incluye el 60% del IRPF; el 50% del IVA y del impuesto de sociedades y el 100% de los demás tributos (patrimonio, sucesiones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, impuestos especiales y matriculación de vehículos). Antes de entrar en el fondo del asunto conviene recordar que la propuesta actual la propugna la misma formación política corresponsable del sistema de financiación vigente, que lo presentó como un gran éxito pero que ha resultado un sonoro fracaso. Creo que nadie ha oído jamás la más mínima autocrítica de Jordi Pujol sobre este desacierto. Entrando ya en harina, la primera impresión es que la propuesta de pacto fiscal es más bien una petición al alza formulada con criterios de negociación que una iniciativa basada en las necesidades de financiación de determinados servicios o proyectos. Si se aplicara la nueva propuesta de Pujol al ejercicio de 1999, los ingresos que recibiría la administración autonómica superarían en unos 400.000 millones de pesetas los previstos en el presupuesto del Gobierno autónomo para este ejercicio, cifrados en 1.956.000 millones. Otros cálculos, como el del diputado socialista Martí Carnicer, estiman que el aumento de recursos para la Generalitat del nuevo sistema oscilaría entre 446.000 y 676.000 millones, según incluyan o no transferencias a los ayuntamientos. La propuesta supone un importante incremento del gasto (sin que se prevean nuevas transferencias), que sería absolutamente inviable si la petición fuera exigida por otras comunidades, lo cual no es en absoluto descartable. Esto nos lleva a la cuestión de fondo. ¿El nuevo modelo de financiación que propone Pujol es sólo aplicable a Cataluña o es generalizable a las demás comunidades? El diputado Ramon Camps ya ha dado a entender que se trata de un acuerdo bilateral, "aunque no descarta que después se puedan sumar las demás autonomías". Esta es la cuestión clave porque a diferencia de los sistemas anteriores, en esta ocasión la propuesta no es generalizable. En la medida que todas las autonomías exigieran el mismo trato, resultaría que los ingresos del Gobierno central quedarían limitados al 40% del IRPF, y al 50% del IVA y al 50% del impuesto de sociedades. Ello supondría que sólo le quedarían unos 5,5 billones de pesetas, una tercera parte de los 15 billones de pesetas que aproximadamente ingresa el Estado por impuestos directos e indirectos para su funcionamiento. Con 5,5 billones el Gobierno central sólo tiene para pagar los tres billones de deuda pública, pensiones de funcionarios, otro billón; Fomento, un billón más, y Trabajo, otros 700.000 millones. El resto de ministerios (Defensa, Justicia, Interior, Exteriores, Economía, Industria, Sanidad, Agricultura y otros) se queda sin presupuesto. Si se prefiere, se podría cambiar el orden del cálculo. Financiar estos últimos ministerios supondría dejar la deuda pública aparte. Por cierto, que en el contencioso entre Canadá y Quebec o en el caso de Italia, el reparto de la carga de la deuda pública es uno de los temas fundamentales del debate. En Canadá se planteó la posibilidad de crear una comisión internacional independiente integrada por Estados Unidos y Japón, entre otros. ¿Qué parte de la deuda pública estaría dispuesto a asumir Pujol?, ¿el 20%, según el PIB; el 15,6%, según la población o simplemente nada? Esto, sin duda, abriría otro debate. Da la sensación de que la propuesta ha sido muy precipitada. ¿Por qué el 60% del IRPF y no el 50% o el 70%? ¿Por qué el 50% del IVA y no el 40% o el 60%? Hasta ahora Pujol siempre ha esgrimido sus propuestas como un modelo que posteriormente ha sido adoptado por las demás autonomías en la mayoría de los casos. No parece que ahora estemos en este caso. La cuestión de fondo es, pues, si la propuesta de pacto fiscal de Pujol puede servir para diseñar un nuevo marco autonómico de España o esto ya no forma parte de los objetivos nacionalistas y lo único que interesa es negociar una nueva relación bilateral entre Cataluña y el resto de España. Estamos ante un nuevo discurso. Hasta ahora, el aspecto financiero del discurso catalanista había sido inspirado por socialistas como el catedrático Antoni Castells, y se fundamentaba en la lucha por la igualdad. Igualdad de inversiones per cápita, igualdad de servicios por habitante. Todo este lenguaje ha pasado a un segundo plano. Estamos ante un cambio radical de estrategia. Un cambio del que Pujol ya ha ido dando pistas recientemente, como en su última conferencia en Terrassa. Allí, Pujol dejó atónito a más de un empresario al manifestar que "el mercado español es secundario; en cambio, el francés no lo es". Y apostilló: "El mercado español no existe, lo que existe es el mercado europeo". Pujol incurre en una peligrosa confusión. Es cierto que las relaciones comerciales de Cataluña han cambiado y se ha producido una gran penetración en Europa. El saldo por cuenta corriente (diferencia entre compras y ventas en mercancías y servicios) ha cambiado de signo en los últimos años. En 1990 el saldo por cuenta corriente de Cataluña con el resto de países del mundo era negativo en 770.000 millones de pesetas (importaba más -2,8 billones- que exportaba -2,1 billones-). En cambio, en 1998 el saldo fue positivo en 174.000 millones de pesetas, según los trabajos del profesor Josep Olivé. En el mismo periodo, el saldo comercial positivo de Cataluña con el resto de España se ha reducido y ha pasado de 1,3 billones de pesetas en 1990 a 910.000 millones en 1998. De estos datos se puede concluir que el comercio con el resto de España ha perdido peso en relación con el internacional, pero ir más lejos puede conducir a un grave error. Las cifras de 1994, el último año del que se tienen datos homogéneos, revelan que las ventas de Cataluña al resto de España ascendían a 5,4 billones de pesetas, mientras que las exportaciones internacionales fueron de 2,4 billones de los que sólo 463.000 millones fueron compras de Francia. Quitar relevancia al mercado español (el 70% del total) es negar la realidad. Vale la pena recordar que el Desastre del 98 provocó una fuerte crisis de la economía catalana porque la pérdida de las colonias significó la desaparición de un mercado que absorbía el 34% de las exportaciones españolas, según ha señalado Borja de Riquer. Esta pérdida de perspectiva puede conducir a unas conclusiones disparatadas que genere un irreparable y absurdo enfrentamiento con el resto de España. Pujol, que ha tenido un papel ejemplar en la lucha antifranquista, fundamental en la transición española y determinante en la construcción autonómica de España, se ha quedado sin discurso y nos propone ahora un peligroso modelo para resolver unos problemas objetivos. Porque el reparto de los recursos entre el Estado, las autonomías y los ayuntamientos sigue siendo fuente de grandes desequilibrios e injusticias. Además, el actual modelo autonómico ha creado un modelo de desequilibrios absurdos. Resulta paradójico que autonomías como Andalucía gestionen un presupuesto equivalente al 25% de su PIB; Cataluña el 12% de su PIB y el País Vasco el 16%. El debate fiscal está abierto, pero sería interesante conocer otras ideas y más detalles del proyecto de Pasqual Maragall. Es absurdo limitar la posición de Cataluña a una sola voz, sobre todo si no está muy bien fundada.