La Fiscalía rechaza que la dispersión de los presos etarras sea ilegal

La Inspección de la Fiscalía General del Estado rechaza que los presos de ETA puedan considerarse políticos y afirma que, aunque la política penitenciaria del Gobierno "puede discutirse", lo no puede plantearse, aunque sea de forma subrepticia, es que sea "ilegal" o que sea la que dificulta el proceso de paz en el País Vasco. Estas consideraciones constan en un decreto del fiscal jefe de la Inspección, Juan José Martínez Zato, que acuerda el archivo de las diligencias abiertas al fiscal jefe de Vitoria, Alfonso Aya, que reclamó el traslado a Euskadi de esos reclusos en un comunicado firmado también por 16 jueces.

El decreto rechaza que la política penitenciaria del Gobierno sea "ilegal", ya que ningún precepto de la Ley Penitenciaria impone la obligación del acercamiento de los presos a su lugar de origen. Martínez Zato agrega que toda la sociedad desea la paz definitiva y que para ello se necesita colaboración, sin que sea la mejor vía "desacreditar a quien tiene la mayor responsabilidad en el empeño, con independencia de [los] errores y aciertos que puedan cometerse".

El jefe de la Inspección discrepa "del fondo y de la forma" del comunicado y reprocha los términos que aluden al "Gobierno Aznar" en vez de al "Gobierno de la Nación", "con independencia", añade, "de quien tenga el honor de presidirlo y que siempre ha de recibir la mayor consideración y respeto".

El decreto considera que no se derivan responsabilidades disciplinarias para Aya, puesto que se manifestó a título particular.