Ningún órgano de IU ha aprobado ampliar el número de mandatos de sus cargos que dijo Romero

La prohibición que tienen los cargos públicos de IU, según sus estatutos, de permanecer más de 12 años en el mismo puesto, ha abierto una nueva polémica. Esta norma rige en Andalucía desde 1990, pero a nivel federal se aplica sólo desde 1995, y se reduce a 8 años. El coordinador regional, Antonio Romero, afirmó hace unos días que, en virtud del acuerdo federal, los años anteriores a 1996 no se computarán en la comunidad, lo que significa que varios diputados autonómicos y concejales cuyo mandato expira ahora podrán volver a repetir en las listas. Dirigentes andaluces han denunciado que la resolución federal no se ha discutido en ningún órgano de Andalucía y los estatutos regionales siguen vigentes.

El coordinador regional se ha negado a explicar el origen de su interpretación acerca de la norma que tanta sorpresa ha suscitado en algunos de sus compañeros. Consultado por EL PAÍS, declaró escuetamente: "No toca hablar de esto". La rigidez con la que los estatutos de IU contempla el ejercicio de sus cargos públicos electos ha sido siempre considerada por la federación una buena bandera para trasmitir al electorado su desapego a la política clientelar, pese a que, en varias ocasiones, ha supuesto en la práctica la pérdida de tiempo y dinero en preparar a dirigentes que por mor de esta norma han tenido que dejar el cargo. En la VI asamblea regional de IU, celebrada en Matalascañas en 1990, la famosa autoprohibición tomó cuerpo: ningún cargo público podría superar los 12 años ininterrumpidos en el mismo puesto. Y, además, con efecto retroactivo, porque los que hasta esa fecha acumularan ya el tiempo límite sólo podrían repetir la representación institucional por cuatro más. Retirada La cláusula supuso la retirada de algunos dirigentes históricos -al menos eso fue lo que entonces se argumentó-, como, por ejemplo, Manuel Anguita Peragón y Manuel Gómez de la Torre. En las elecciones autonómicas de 1994, ambos fueron descabalgados de las listas y abandonaron la política activa. En los municipios la tiranía estutaria ha sido menor, y hay conocidas excepciones, aunque siempre en localidades pequeñas en las que el recambio periódico implica la suficiente dificultad como para hacer la vista gorda. No obstante, en Sevilla, esta vez tampoco se cumplirá, ya que Luis Pizarro, candidato a las próximas municipales, lleva ya 12 años de concejal. Aunque algunos miembros de Izquierda Unida han intentado flexibilizar y matizar la obligada renovación, nunca lo han conseguido. En el último congreso de 1996 las enmiendas fracasaron y el punto quedó tal cual. No figura en los estatutos, según fuentes de IU, por un error de imprenta, pero sí en las actas del congreso. La polémica ha surgido después de la V asamblea federal. La decisión es aún más restrictiva: el máximo es de dos legislaturas, es decir ocho años. Sin embargo, el recuento entra en vigor después de la IV asamblea, celebrada en diciembre de 1994. Antonio Romero anunció, el pasado martes, que los cargos electos de Andalucía a los que le expira el mandato cuando finalicen las actuales legislaturas tanto autonómicas como municipales, podrán volver a presentarse, ya que sólo se les contará el tiempo a partir de la fecha indicada. El anunció causó sorpresa en algunos dirigentes de la federación andaluza, que tiene su entidad independiente. Según los consultados, en ningún órgano de la dirección se ha propuesto, debatido ni aprobado el traslado del precepto federal a a IU de Andalucía. Tampoco se ha dado a conocer que el acuerdo de la asamblea federal fuera de obligado cumplimiento para las federaciones autonómicas que tienen sus propios estatutos, ni existe, según han asegurado esta fuentes, una resolución del Comité de Garantías que así lo establezca. Si la interpretación de Antonio Romero se hace firme, los diputados autonómicos Luis Carlos Rejón, Rafael Rodríguez y Diego Valderas tendrían la oportunidad de figurar de nuevo en la candidatura autonómica del 2000.