El futuro en vilo

"Llevábamos 30 años tranquilos en nuestras casas. Vienen, nos derriban nuestro hogar, nos dejan en la calle y con lo puesto, y lo quieren arreglar con un vale de El Corte Inglés para que nos compremos calzoncillos". La indignación de Diego Martín se repite en otras bocas, en otras palabras, pero con la misma fuerza. Veintinueve familias -de las 80 desalojadas el martes en Málaga después de que una obra contigua provocara un corrimiento de tierra y pusiera en peligro de derrumbe dos edificios- siguen sin saber si podrán volver a sus casas y temen que su situación se eternice en pleitos judiciales. El inmueble es ahora una metáfora de sus vidas: está en vilo. Los técnicos no sabrán hasta dentro de un par de semanas si es recuperable o si habrá que demolerlo. La rabia de los vecinos no es gratuita ni nueva. Los problemas con las empresas que trabajan en el solar pegado a sus viviendas -un caramelo en pleno centro de la ciudad- comenzaron apenas la promotora Indes y la constructora Vías y Construcciones iniciaron el proyecto. En agosto, una subcontratista acometió el derribo del edificio que ocupaba el solar y, por añadidura, echó abajo casi en su totalidad la casa del portero. Manuel García tuvo que pasar cerca de tres meses en un hotel hasta que la empresa reparó los daños. El martes fue su segundo desalojo. El hotel ubicado en uno de los bloques afectados y cerrado desde ese día, tampoco se salvó. Sufrió roturas en los tabiques, que fueron arregladas por la empresa. Los vecinos del 1º B también pasaron lo suyo. Ante las fisuras que aparecieron en su casa, pusieron una denuncia en la Gerencia de Urbanismo, que llevó a los técnicos municipales a clausurar el dormitorio principal. "¿Por qué, ante este cúmulo de anomalías, el Ayuntamiento no fue mas estricto en la vigilancia de la obra?", reprochan los vecinos. La mayoría coincide en que hubo "negligencia" municipal. El consistorio replica que las deficiencias del 1º B fueron causadas por otra constructora y que la única denuncia que llegó a Urbanismo se archivó porque, cuando los técnicos hicieron la inspección, los desperfectos habían sido subsanados. Fuentes municipales acusaron a algún propietario de "haberse callado" porque negoció mejoras con las empresas responsables del proyecto. Polémicas aparte, lo cierto es que las familias están en la calle. Entre el jueves y el viernes, les dieron una hora para recoger algunas pertenencias. Sesenta minutos no alcanzan para sacar toda una vida, así que optaron por los documentos, algo de ropa, el gato y las fotos. "¿Ahora quién se hace responsable?", preguntan. Por lo pronto, promotora y constructora se han hecho cargo de los gastos. El consejero de Indes, Raúl San José, aseguró a los desalojados que "la papeleta no la van a cargar ustedes", pero insinuó que tampoco será la promotora: "Los daños tendrá que pagarlos quien haya causado el accidente". Por ahora se desconocen las causas por las que cedieron las vigas del apuntalamiento. Deslindar responsabilidades llevará su tiempo porque en la obra, aparte de la promotora y la constructora, han participado varias subcontratas. Un vecino mascullaba su cólera y advertía: "Nosotros queremos nuestras casas. Ahora que no empiecen a echarse la pelota unos a otros". María Luisa Ortega asiente. Ronda los 70 años, como buena parte de los desalojados. Apoyada en su bastón, se enjuga las lágrimas mientras sus hijas sacan bultos de lo que hasta el martes fue su casa, en una escena que bien podría ser la de un naufragio.