Ex presidentes del Sevilla y Mallorca explican al juez los contratos con Gil
El juez Santiago Torres, que instruye el sumario por el presunto desvío fraudulento de dinero del Ayuntamiento de Marbella al club Atlético de Madrid tomó ayer declaración como testigos a los ex presidentes del Sevilla Luis Cuervas y José María Del Nido, y al del Mallorca Bartolomé Beltrán. El magistrado se interesó por los contratos de patrocinio firmados entre el Ayuntamiento de Marbella y los clubes. Cuervas, como ya hizo Gil, negó cualquier relación entre la compra-venta de jugadores y la publicidad marbellí.
El titular del juzgado de Instrucción número 7 de Marbella investiga la legalidad de los contratos suscritos por el consistorio que preside Jesús Gil con otras entidades deportivas. Con el Sevilla firmó un contrato de 60 millones de pesetas cuyo pago reclamó el club por vía judicial y se está abonando ahora, según reconoció Gil en una de sus comparecencias ante el juez. El alcalde negó que aquella operación sirviera para financiar el fichaje de Diego Simeone por el Atlético de Madrid, como sospecha el PSOE, denunciante del caso. Con el Mallorca solo se firmó un precontrato que no llegó a materializarse por el rechazo del Ayuntamiento balear. Otro de los contratos firmados, por un valor de 44 millones de pesetas, fue con el Real Betis, cuyo presidente, Manuel Ruiz de Lopera, está citado hoy a declarar. También deben comparecer en el juzgado el presidente del Valladolid, Marcos Fernández y el ex dirigente sevillista José María González de Caldas. Durante el día de ayer también declararon como imputados el concejal de Hacienda de Marbella, Rafael González, y el ex interventor accidental, Antonio Luque, a quienes el juez dejó en libertad provisional. El letrado de los imputados, Pablo Luna, señaló que sus clientes, a los que considera "eslabones de una amplia y profunda investigación judicial", realizaron una declaración "larga y detallada". Luna insistió en que la declaración como imputados de sus defendidos se produjo para que estos "pudieran ejercer mejor sus derechos", al permitirles ser asistidos por un letrado, y precisó que la comparecencia de ambos era "fundamental" para precisar cuestiones técnicas. De otro lado, La jueza de instrucción número tres de Marbella, Pilar Ramírez, ha ordenado la subasta de una parcela de 1.384 metros cuadrados valorada en 16,6 millones de pesetas propiedad de la empresa municipal Contratas 2.000, , para saldar una deuda, informa Efe. Hace un mes, el juzgado número cuatro ya decretó la subasta de cinco parcelas para hacer frente a una deuda de 350 millones de pesetas con un vivero.
