Más de 5.000 menores con problemas viven bajo la protección de la Comunidad

Uno de cada doscientos niños de la región vive bajo el amparo de la Comunidad. Son 5.000 menores (un 20% hijos de inmigrantes) que, ante los problemas familiares, desatenciones o incluso el maltrato sufrido en sus hogares, han tenido que ser apadrinados por el Gobierno regional. A un tercio de esos niños les han llevado sus padres al Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) para dejárselos en guarda, manteniendo ellos la tutela, porque no podían hacerse cargo de su crianza. El resto ha llegado a partir de los servicios sociales, sanitarios y escolares o de la policía. Su entrada en la red es el final de un proceso administrativo (no judicial) por el que los poderes públicos acaban asumiendo la tutela sobre ellos.

La directora del IMMF, Esperanza García, considera que 5.000 niños con medidas especiales de protección en una región donde habitan 1.116.042 menores no es una proporción desmesurada. "Lo que todos desearíamos es que no se produjesen estas situaciones, pero lo que pasa en Madrid es similar a lo que ocurre en otras grandes ciudades como Barcelona", manifiesta. Cada año se toman cerca de mil nuevas medidas de protección de menores. La mitad de estos niños se queda viviendo en los internados y pisos tutelados oficiales. Se abren más expedientes a partir de denuncias o informes de servicios sociales pero buena parte de ellos quedan archivados.

La creciente presencia de los niños inmigrantes en la red de protección de menores (en 1996 suponían un 14,8% del total, frente al 20% actual) es, para García, claro reflejo de los cambios que se están produciendo en la sociedad madrileña. "Muchos inmigrantes viven una situación de precariedad y ese es un caldo de cultivo para que surjan problemas en la atención a los hijos", añade.

Entre las principales causas que llevan a los menores a la red de protección están las toxicomanías, encarcelamiento o enfermedades mentales de los padres, los malos tratos, el abandono, la falta de cuidados mínimos o la mendicidad. Aunque no sea la causa principal es frecuente que se dé también una falta de recursos económicos de la familia.

Los progenitores pueden recurrir la decisión tomada por las instituciones para sus hijos, pero existe menos de un 1% de impugnaciones, algo que no es de extrañar al tratarse a menudo de familias con graves problemas de marginación y falta de recursos formativos y personales.

De todos estos chavales 1.600 viven en las residencias y pisos tutelados de la Comunidad. Otros dos mil viven al cuidado de sus abuelos o tíos y hay mil más que habitan con familias con las que no mantienen ningún lazo de sangre en régimen de acogimiento mientras la tutela la mantienen las instituciones.

El bajón de la natalidad también se nota en la red de protección de menores. "Cada vez nos llegan menos niños pequeñitos y más adolescentes, cuando hace diez años lo que ocurría era lo contrario", afirma García.

De hecho, el 60% de los chavales que viven el las residencias y pisos tutelados son adolescentes entre los 13 y los 18 años y sólo el 15% tienen de 0 a 6 años.

"El descenso de la natalidad ha llegado con años de retraso a las familias más desfavorecidas, pero ha llegado", matiza. En ello influye también que son los chicos más pequeños los que con más facilidad abandonan los centros de la red para vivir con padres adoptivos o acogedores.

Caso aparte es el de los adolescentes extranjeros, sobre todo marroquíes, que emigran solos a Madrid. De los 903 ingresos de chavales que se produjeron en 1997 en el centro de acogida de Hortaleza (el primer lugar donde arriban todos los chicos en una situación de desamparo que requiera de una intervención urgente), más de la mitad (504) eran de extranjeros, sobre todo marroquíes. En 1995, fueron 133.

Esta situación se ha abordado en una reunión reciente entre el Defensor del Menor, la fiscalía y entidades de trabajo social con chavales. A menudo esos chicos no tienen la edad que dicen: son mayores que finjen ser menores cuando les detiene la policía para evitar que les echen del país ( la actual legislación de extranjería impide la expulsión de un menor). Lo más habitual es que a las pocas horas de llegar al centro de Hortaleza se marchen porque ellos se sienten adultos (y a veces lo son, porque llevan años buscándose la vida) y no quieren vivir en una residencia con niños.Algunos de ellos pasan varias veces por el centro de Hortaleza al cabo del año: les encuentra la policía, les lleva, se escapan y vuelta a empezar.

"Vemos que hay que hacer algo para ver si conseguimos ayudar a estos chavales, el problema es que no sabemos bien qué, porque ellos lo que quieren es trabajar o han venido pensando que ésto es jauja y es difícil echar una mano a quien no quiere saber nada de tí", añade García. Se barajan distintas posibilidades como, por ejemplo, abrir un centro de acogida específico para estos adolescentes emigrantes pero áun no hay ninguna decisión tomada. Hay niños que pasan casi toda su vida en centros de protección de menores. Otros, sin embargo, permanecen en ellos durante un período limitado. ¿Dónde van después? Existen varias posibilidades. Algunos regresan con su familia, porque la Comunidad de Madrid considera que ya se han superado los problemas que le llevaron a asumir la tutela o la guarda del niño. Por ejemplo, un hijo de toxicómanos, si éstos se rehabilitan.

Otros abandonan las residencias para vivir con una familia acogedora. "Normalmente son los más pequeños, porque es difícil encontrar padres acogedores para adolescentes", explica Esperanza García. Algunos menores acaban siendo adoptados por esas familias.

Al llegar a la mayoría de edad todos deben abandonar la red institucional.Un salto difícil porque se enfrentan a la precariedad laboral y a la carestía de la vivienda que sufren numerosos jóvenes pero sin colchón familiar alguno.