OPINIÓN Consejo de lo audiovisual, sí pero superior JOSEP LÓPEZ Y JULIÀ ALVARO
En Francia, Catherine Trautman, ministra de Cultura y Comunicación, y su jefe, Lionel Jospin, preparan, no sin ciertas dificultades, una nueva ley audiovisual. La intención de los dos dirigentes socialistas con esa iniciativa es reforzar y aumentar el poder de la máxima autoridad en la materia: el Consejo Superior del Audiovisual. Un ejemplo: Jospin y Trautman pretenden que toda modificación de capital entre los accionistas de una cadena de televisión sea examinada y aprobada por el CSA, que podrá vetar la operación si observa algún peligro de "grave atentado al pluralismo o a la independencia de la información". Pirineos abajo somos residentes de otra galaxia. Dudosa originalidad audiovisual que se empeñaron en mantener quienes gobernaron hasta el bienio 1995-1996 y a la que el aznarismo sigue aferrado. El proceso de integración entre quince países, la construcción europea también es audiovisual. Es necesario recordarlo aunque sólo sea porque generalmente los políticos en este país parece que lo ignoran. Y la armonización audiovisual de nuestros vecinos transpirenáicos pasa por la creación del Consejo Superior de lo Audiovisual. Atribuciones No estamos hablando de un consejo asesor desprovisto de poder. Francia y el Reino Unido son dos buenos ejemplos entre los varios existentes en el conjunto de la Unión Europea. El CSA francés y la Independent Television Comission británica están configurados de modo que no coincidan automáticamente con el mandato ni con la línea política del Gobierno en el poder. Las atribuciones del Consejo Superior del Audiovisual son numerosas y van desde nombrar al presidente y a los consejos de administración de las cadenas públicas hasta fijar reglas imparciales de acceso a la pantalla en elecciones, pasando por el ejercicio -como último recurso- de la coerción. La Cinco fue cerrada por el CSA porque no cumplía la legislación vigente y la privada TF1 tuvo que pagar 45 millones de francos por no respetar el 60 por ciento de obras de ficción europeos. Una máxima autoridad audiovisual, independiente del poder político y económico es perfectamente posible en el País Valenciano. Y por encima de todo, es necesaria: se trata de evitar que alguien, algún día pueda transferir a la televisión la amenaza lanzada por el serbio Radovan Karadzic contra la historia: si no es nuestra, no debe existir.
