IU denuncia la agresión a un niño magrebí por un grupo parapolicial de Ceuta

Cuatro ONG (organizaciones no gubernamentales) e Izquierda Unida exigieron ayer al fiscal general del Estado que investigue la posible violencia ejercida contra un niño inmigrante magrebí por agentes de Atención Directa de Ceuta, un "grupo parapolicial dependiente del Ayuntamiento".Según la Asociación Pro Derechos Humanos de España (una de las las cuatro organizaciones no gubernamentales denunciantes), el menor sufría "graves heridas en un brazo". Los agentes de Atención Directa son un cuerpo de 53 guardias privados contratados por la empresa Procesa, propiedad del Ayuntamiento. Estas organizaciones aseguran que los guardias se dedican a detener a menores inmigrantes y llevarlos a comisaría para su posterior expulsión.

Fuentes del Hospital General de la Cruz Roja confirmaron que un niño de 13 años, de nacionalidad marroquí, había sido ingresado a las 7.30 de ayer, con graves heridas en el brazo derecho. Pero negaron que hubiera sido intervenido quirúrgicamente "durante varias horas", como figura en la denuncia de las ONG.

En la Delegación del Gobierno no pudieron confirmar que el menor fuera llevado al hospital por agentes de Atención Directa, ya que ese cuerpo depende de la alcaldía-presidencia de Ceuta. Este periódico no pudo recabar la versión de este organismo ayer por la tarde, al no haber ningún responsable.

La denuncia de estas organizaciones viene a sumarse a una querella presentada contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro, el consejero de la Presidencia, Antonio Francia, y tres mandos policiales por detención ilegal y prevaricación. En ella se denuncia que "desde hace tiempo" se vienen practicando en Ceuta cientos de expulsiones de menores inmigrantes, que son detenidos, trasladados a dependencias policiales, y luego acompañados a la frontera marroquí. Los querellantes afirman que, según el Reglamento de Extranjería de 1996, es ilegal someter a menores al proceso de expulsión. También se viola, según denuncian, la Ley de Protección Jurídica del Menor, aplicable a todos los menores, extranjeros o no, que se encuentren en España.

La querella se tramita en el juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta, que el lunes pasado impuso a los querellantes una fianza de dos millones. Las organizaciones humanitarias han mostrado su intención de recurrirla.