La "guerra" de las tarjetas de autobús

Las instituciones de ahorro navarras viven estos días una auténtica guerra financiera vinculada a la automatización del pago del transporte urbano de Pamplona que ha provocado ya la presentación de más de 600 denuncias ante la sección de consumo del Gobierno de Navarra y que ayer llegó al Tribunal de Defensa de la Competencia, en Madrid, en forma de sendas demandas interpuestas por Caja Laboral Popular y Caja Rural de Navarra. La tarjeta-monedero electrónico llamada Euro 6000 será el único medio de pago para acceder al transporte público de Pamplona y, sobre todo, para disfrutar de las tarifas reducidas y bonificadas del transporte de la capital. A falta de una semana para la entrada en funcionamiento de la tarjeta, el hecho de que sólo se expendan en dos instituciones de ahorro concretas, Caja de Ahorros de Navarra y Caja Pamplona, está generando un creciente malestar ciudadano y la crispación en el resto de las instituciones de ahorro, que no pueden dispensar ese servicio y ven cómo sus clientes están obligados a acudir a otros bancos para gestionar su obtención. Comerciantes, consumidores, cajas e incluso sindicatos como ELA-STV critican una práctica "discriminatoria" que tendría por objetivo último la captación de nuevos clientes a través de los servicios del transporte que ahora otorgan en exclusiva. Las tarjetas, además, tienen la posibilidad de incluir otros servicios (ahora el monedero telefónico y en un futuro inmediato el pago en comercios) y sus poseedores están obligados a recargarlas en los cajeros automáticos u oficinas de ambas cajas de ahorro, a pesar de no ser clientes de las mismas. Presentación del DNI La Caja Rural de Navarra ha tramitado ya más de 600 denuncias de ciudadanos que se sienten discriminados por la decisión de la Cooperativa de Transportes Urbanos de Pamplona (Cotup) de adjudicar a dos entes concretos la emisión de las tarjetas para el pago con tarifa reducida del transporte público, que a partir del 1 de febrero sustituirá al bonobús que podía adquirirse libremente en estancos y librerías. Los usuarios han denunciado que tanto Caja Pamplona como Caja Navarra exigen la exhibición del DNI para confeccionar las tarjetas, que contendrán información personal de cada viajero. Asimismo, han mostrado su extrañeza y malestar por el envío a domicilio de información sobre este servicio a personas que nunca han sido clientes de esas cajas. Félix Sola, responsable de comunicación de Caja Rural, ha recordado que el 9 de marzo del pasado año el Gobierno de Navarra, las asociaciones de consumidores Irache y Santa María la Real y la propia Cotup firmaron un acuerdo para ampliar la emisión de tarjetas a otras entidades de ahorro o bancarias interesadas. Algo que finalmente no se ha llevado a la práctica. Caja Rural y Caja Laboral presentaron ayer en Madrid sendas demandas judiciales ante el Tribunal de Defensa de la Competencia exigiendo medidas cautelares contra la "discriminación" que les afecta a ellas y a otras entidades. La actividad de Cotup depende en última instancia de las fuertes subvenciones que recibe del Ayuntamiento por un servicio que es deficitario, pero que va recuperando usuarios a medida que el centro de la ciudad se peatonaliza y aplica el estacionamiento de pago. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento domina el Consejo de Administración de Caja Pamplona. El Gobierno foral, encargado de autorizar los precios del transporte urbano, controla, a su vez, Caja Navarra, y ha conseguido extender a esa entidad la prestación de este servicio.