Bolín será juzgado por prevaricación y desobediencia a una orden judicial

El alcalde de Benalmádena, el independiente Enrique Bolín, será juzgado en la Audiencia Provincial de Málaga por dos presuntos delitos de prevaricación y desobediencia en la compra de acciones de una empresa insolvente. El 25 de enero de 1996, Bolín dio orden para pagar a la sociedad Cánava 50 millones de pesetas para adquirir sus acciones, a pesar de que un juez de lo social de Jaén había requerido a Bolín a que retuviera dichas cantidades y las pusiera a disposición del juzgado debido a la situación de insolvencia de Cánava y a las deudas que mantenía con los trabajadores. Los hechos fueron denunciados por un grupo de trabajadores de Cánava, que solicitan para Bolín 12 meses de multa a razón de 10.000 pesetas diarias e inhabilitación de dos años para cargo público por el delito de desobediencia, y otra pena de inhabilitación especial de 10 años por prevaricación. La fiscalía solo contempla el delito de desobediencia, por el que pide una año de inhabilitación y una multa de 2.000 pesetas diarias durante seis meses. Esta acusación entiende que la decisión de Bolín no sólo ha causado un "grave perjuicio" a los trabajadores que no cobraron sus nóminas, sino también al Estado porque tras ser declarada la situación de insolvencia, éstos pidieron las indemnizaciones que les correspondían al Fondo de Garantía Salarial. El juzgado de Torremolinos que ha instruido la causa remitió el pasado día 14 las actuaciones a la Audiencia Provincial de Málaga para que fije la fecha del juicio. Cuatro días después, la Fiscalía instó al juez a abrir diligencias previas contra Bolín por presuntos delitos de prevaricación, malversación, alzamiento de bienes, urbanístico y contra el ejercicio de los derechos civiles cometidos durante su gestión desde 1995 que fueron denunciados por el PP.