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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Guión sabido

EN SU comparecencia de ayer ante la comisión correspondiente del Congreso, el ministro Mayor Oreja no se apartó de la versión adelantada por la delegada del Gobierno en Cataluña y apenas matizada por el portavoz Piqué: hubo imprevisión, pero la responsabilidad de los graves incidentes del jueves en la Universidad Autónoma de Barcelona fue de los provocadores; de estudiantes violentos con historial policial como agitadores que atacaron a la policía cuando ésta trataba de garantizar el acceso del presidente Aznar al recinto universitario, y no de impedir que los estudiantes se manifestaran contra su presencia.El ministro compareció por propia iniciativa y con la rapidez debida, pero ahí termina su mérito. Sus explicaciones fueron minuciosas hasta la exageración, pero no aportaron elementos que permitan contradecir la versión avalada por el claustro universitario: que hubo una intervención policial en el interior del recinto universitario no requerida por las autoridades académicas, y que esa intervención fue desproporcionada, indiscriminada y brutal. Las imágenes que todos los ciudadanos han podido contemplar por televisión avalan la versión del claustro, a la vez que confirman que, desde luego, hubo imprevisión por parte de quienes decidieron la actuación policial. El ministro insinuó que tal vez la contundencia de esa actuación impidió males mayores, pero la evidencia es más bien la contraria. Y no hubo en la intervención del ministro ninguna valoración autocrítica respecto a la cuestión fundamental que han planteado desde el jueves tanto los universitarios como todos los partidos políticos que han condenado la actuación policial, con la excepción del PP: la obligación democrática desatendida por los responsables del orden público de hacer compatible la libre expresión de los estudiantes dentro de su propio recinto universitario con la presencia del jefe del Gobierno en un acto oficial.

El análisis de Mayor revela una concepción del orden público muy alejada de lo que debiera ser norma en democracia. No es extraño que el contenido de su comparecencia no coincida en nada con el informe de la universidad y del rector, Carles Sola, y que el mismo día el claustro académico haya declarado persona non grata al presidente Aznar, a la delegada del Gobierno en Cataluña y al Cuerpo Nacional de Policía. Unos y otros están hablando de cosas distintas. Unos, de previsión represiva, y otros, de protección de la libre y pacífica expresión. Los ciudadanos siguen sin tener una explicación clara y coherente de los hechos.

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