El PP lleva a Bolín a la fiscalía por falsear su declaración de bienes y por delito urbanístico

El Partido Popular (PP) ha aportado a la fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga nuevos datos sobre actividades presuntamente ilícitas del alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín, que amplían el "informe-denuncia" que ya presentaron el pasado mes de agosto. En el nuevo escrito, los populares aportan datos sobre supuesta falsedad de documento en la declaración de bienes que Bolín presentó en el Ayuntamiento y relacionan una serie de modificaciones urbanísticas que, en opinión de los denunciantes pueden constituir delito urbanístico.

Según el PP, Bolín "puede cometer falsedad" porque en su declaración de bienes actualizada depositada en el registro municipal se sigue declarando insolvente y sin posesión de ningún bien, cuando según escritura pública constituida el 2 de marzo de 1998 compró al empresario Sebastián Carretero el usufructo vitalicio de la vivienda donde reside por un importe de 10.920.387 pesetas. Los denunciantes apuntan además que de esta operación no se ha liquidado el impuesto de transmisiones ni se ha inscrito en el registro de la propiedad, "a fin de evitar los embargos de los acreedores". Bolín, que no tiene declarados más ingresos que su sueldo de alcalde, que se encuentra embargado por la Seguridad Social. El PP sostiene que ha existido una "manipulación fraudulenta de la escritura tendente a alzar bienes y perjudicar a acreedores" y se pregunta como alguien insolvente puede realizar una compra por un importe superior a 10 millones de pesetas. Recalificaciones En cuanto a la posible comisión de un presunto delito contra la ordenación del territorio, las sospechas se sustentan en cuatro casos de recalificaciones urbanísticas que aparecen relacionados en el informe entregado a la Fiscalía. Uno de ellos se refiere a la ampliación de 598 a 795 viviendas en Hacienda Retamar denunciada por un vecino que no ha conseguido que se le facilite ninguna información después de dos años de intento. También la desaparición de zonas de aparcamientos en el puerto deportivo que finalmente se han destinado a centro comercial con una altura de cinco plantas, la concesión de licencia para la ampliación del Hotel Tritón pese a los informes contrarios de los técnicos municipales y de la Consejería de Obras Públicas, o la transformación de La Capellaína de viviendas unifamiliares en bloques de pisos. Uno de los casos denunciados es la recalificación de un solar donde en principio el PGOU proyectaba 17 viviendas y donde finalmente se han autorizado 125. Este solar es propiedad de Antonio Peña, dueño también del local que fue sede del Grupo Independiente de Benalmádena (GIB) durante la campaña electoral de las municipales de 1995 ganadas por Bolín. El informe relata una serie de supuestos tratos de favor del alcalde benalmadeño a empresarios que le ayudaron en la financiación de su campaña electoral, en la que también colaboró el alcalde de Marbella, Jesús Gil, con una aportación de 15 millones de pesetas. Las relaciones entre ambos alcaldes no ha sido sin embargo nada buenas después y de hecho Bolín es uno de los firmantes de la moción de censura en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. En la denuncia se menciona el caso de la empresa Cánava, que se radicó en Benalmádena con importantes ayudas municipales y que no ha desarrollado actividad alguna y ni siquiera está radicada en la sede declarada. El informe recoge también que la sociedad municipal Proyecto Olimpo, creada por Bolín para el desarrollo de proyectos, ha recibido "importantes transferencias de dinero, sin ejecutar aún ningún proyecto, y contrata personal con elevadas retribuciones, sin oferta pública, sin convocatoria, ni selección alguna". Esta sociedad está dirigida por un ex concejal del GIB, y ni de ella ni de las demás empresas municipales Bolín consintió dar información en la comisión de investigación que se creó en el Ayuntamiento el pasado septiembre.