Con la justicia y la salud en contra

Hay familias que no tienen motivos para festejar la Navidad. Como la de Ángel Méndez, de 43 años, vecino de San Pedro de Alcántara (Marbella), que trabajaba como chófer de autobús hasta que hace tres años, una grave enfermedad truncó el funcionamiento de sus riñones y le condenó a una baja por incapacidad laboral permanente y absoluta. Pero lo peor, afirma, llegó hace unos meses, cuando por orden de la Audiencia Nacional le bloquearon la cuenta donde percibe la pensión de invalidez, de la que viven él, su mujer y sus dos hijos, tras ser detenido por un delito de narcotráfico que asegura que no cometió. El pasado 28 de octubre, cuando esperaba el taxi que le conduciría a su cita obligada con el centro médico de Torremolinos donde se somete a un tratamiento de diálisis mientras aguarda un trasplante de riñón, fue detenido por unos agentes del Cuerpo Nacional de Policía dentro de la Operación Victoria, dirigida por el juez Baltasar Garzón contra las redes de narcotráfico de la Costa del Sol, y que se saldó con más de cien detenciones en Andalucía. El juez ordenó, sin que se le notificara previamente, algo que, según su abogado, "contraviene toda normativa legal", el bloqueo de la cuenta donde percibe la pensión de invalidez y donde están depositadas las 400.000 pesetas que, dice, "constituyen los ahorros de toda una vida". El auto de detención dice que Márquez "había usado su casa para distribuir la droga a toda la red", y que "en febrero de 1998 participó en el envío de cargamentos a Gibraltar en unión de otro imputado". Él asegura que los trabajos que realizaba para este detenido se limitaban a repararle un yate que poseía, versión que corroboran sus vecinos, y que a Gibraltar había ido a comprar piezas para el barco. El día de la detención se realizó un registro en su domicilio, pero no se encontraron indicios de tráfico de drogas. Pese a ello, los agentes acompañaron a Márquez al centro médico y, tras las cuatro horas de diálisis, lo condujeron a los calabozos de Marbella, donde estuvo tres días. Esta experiencia, dice, no se le olvidará en la vida: "Me retiraron la medicación, que tengo que tomar sin falta, hasta que el médico de comisaría ordenó al día siguiente que se me proporcionase sin dilación. También me quitaron el teléfono móvil del que dependo porque en cualquier momento me pueden llamar para un trasplante de riñón que llevo esperando dos años y medio. Además, por la enfermedad estoy obligado a una alimentación y a una higiene especiales y me tiré tres días comiendo bocadillos y pillé una infección de hongos tremenda". Márquez, que no tiene antecedentes penales, insiste en su inocencia y en la precariedad en que vive su familia. Su mujer, que se dedica a limpiar casas, ha tenido que redoblar su actividad. Los hijos han abandonado los estudios y se han puesto a trabajar. Actualmente, viven de la caridad de su familia, pero él insiste en que "lo único que importa es que se limpie mi honor. He trabajado durante 20 años y ahora todo el pueblo me señala por la calle". Su abogado ha elevado varios escritos a la Audiencia Nacional pidiendo el desbloqueo de las cuentas y que se expliquen los motivos de esta retención. Aún no ha recibido respuesta alguna.