El viceinterventor general autorizó su propio aumento de sueldo

Miguel Bercedo Páramo, viceinterventor general de la Generalitat Valenciana, autorizó el pasado 30 de junio un complemento específico para varios puestos de trabajo a raíz de una reestructuración del servicio de Intervención General de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. El organigrama de la consejería generó tres nuevos cargos de viceinterventor general, varios interventores delegados y otros adjuntos hasta un totol de 13 nuevos cargos. El 30 de junio se autorizaron nuevos complementos específicos para "recoger en términos económicos" las diferencias en los puestos de trabajo. Los interventores delegados recibieron un aumento de 3.618.000 pesetas anuales y los tres viceinterventores generales otro de 4.125.000 millones. La memoria económica sobre la asignación de nuevos complementos específicos la firma el propio Barcedo. Un mes más tarde, Cristina Serrano, entonces secretaria general de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, informó favorablemente la propuesta de asignaciones de nuevos complementos específicos. La Federación de Servicios Públicos de UGT denuncia que el acto administrativo de emisión de la memoria económica por parte del viceinterventor general contraviene lo previsto en el Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas, que debería haberse abstenido de firmar el documento por "tener interés personal en el asunto". Expedientes El reglamento disciplinario de los funcionarios considera falta grave "intervenir en un procedimiento cuando se da alguna de las causas de abstención establecidas en la ley". FSP-UGT, a la vista de los hechos, solicita que se "incoe el correspondiente expediente disciplinario" al viceinterventor general. También extiende la responsabilidad a la Secretaria General, quien debía haber exigido la abstención al firmante de la memoria. Los interventores son los funcionarios encargados de auditar las cuentas de la Generalitat Valenciana y de autorizar en última instancia los pagos y cobros de la Administración. En diciembre de 1997, el Consell intentó crear un cuerpo funcionarial específico de interventores a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos. La propuesta no se concretó ante las amenazas de los sindicatos de llevar el conflicto ante el Tribunal Constitucional alegando que la medida hacía saltar en pedazos la ley de Función Pública. Gonzalo Fernández, secretario general de la FSP-UGT, considera que el complemento específico es una forma de compensar a ciertos funcionarios por la imposibilidad de crear el cuerpo específico de interventores y advierte sobre el peligro de "manosear la voluntad de los interventores, que son los máximos garantes de las cuentas de la Administración".