El juez cita como imputado al fiscal de Urbanismo por una querella del Gobierno

VIENE DE LA PÁGINA 1 El fiscal envió, tras la denuncia de Aedenat, al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) a comprobar los hechos. Los agentes redactaron un informe el 2 de julio donde se indicaba que "se podría estar cometiendo un supuesto delito" contra la ordenación del territorio. El día 9, Valerio presentó una denuncia ante un juzgado de Colmenar contra la viceconsejera de Medio Ambiente, Sylvia Enseñat, por haber autorizado la construcción del edificio en un paraje especialmente protegido.

A este respecto, un año antes, el Consejo de Gobierno de la Comunidad había eximido de declaración de impacto ambiental las obras, aunque puso como condición que Medio Ambiente redactase un informe con las medidas correctoras que debían regir las obras. Éste informe lo firmó Enseñat. Finalmente, la juez archivó la denuncia contra Enseñat, porque las obras estaban fuera del parque. Sólo 8,5 metros, según un informe pericial, pero fuera.

Recurso de reforma

Valerio interpuso a continuación un recurso de reforma ante el juzgado, pero también fue archivado. Días después, Enseñat se querelló contra el fiscal por un presunto delito de "denuncia falsa" contra ella.

Ahora, el juez instructor, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, tras estudiar las alegaciones de ambas partes, ha decidido llamar a declarar a Valerio como imputado.

Y es que, en sus escritos previos ante el juez, la fiscalía y Medio Ambiente han dado una versión muy diferente. Para la viceconsejera, Valerio la persiguió con saña para lograr su imputación. Para conseguirlo tergiversó documentos oficiales. Para la fiscalía, Valerio sólo cumplió con su obligación de investigar supuestos hechos delictivos. Hubiera sido imperdonable no hacerlo.

En concreto, Enseñat ha fundamentado su querella en dos pilares: Valerio actuó sin "orden alguna por parte de sus superiores" y manteniendo un "ánimo persecutorio" contra la viceconsejera. Por su parte, la fiscalía basa su defensa en los siguientes puntos: la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el estatuto orgánico de la fiscalía obligan a poner en "conocimiento de los órganos judiciales la presunta comisión de hechos que se estiman constitutivos de infracción penal". Además "es necesaria la interposición de denuncias ante las primeras noticias de hechos presuntamente delictivos", ya que las medidas cautelares "sólo las puede adoptar un juez".

Enseñat responde que eso es cierto, pero que el ministerio fiscal no debe "interponer de forma automática y sin fundamento denuncias", sino que "tiene el deber de esclarecer los hechos con carácter previo a la interposición de una denuncia". Y en vez de eso, según los denunciantes, "el fiscal olvidó todo eso y con absoluto desprecio a las instrucciones genéricas de la fiscalía general interpuso una denuncia basada en meras conjeturas, producto de manipular unos hechos que hubieran quedado perfectamente aclarados con una lectura de la legislación autonómica vigente". Posteriormente, y a pesar de que la juez de Colmenar archivó la causa, Valerio recurrió, lo que demuestra la persecución, dice Enseñat.

La fiscalía replica que la denuncia de Valerio sólo hacía referencia a que las obras "parecen ampararse" en un informe de Enseñat. Por tanto, "no puede entenderse como descabellada la conclusión" de que ésta había tomado una decisión equivocada, y máxime cuando "las conclusiones del informe del Seprona eran que las obras se estaban realizando en el ámbito del parque". El ministerio fiscal añade que la viceconsejera había informado "favorablemente de un proyecto que, de acuerdo con lo que se infería del atestado [del Seprona], era contrario a las normas urbanísticas vigentes". Por ello, "no era descabellado entender que era posible que se hubiera cometido un delito".

Enseñat lo niega. Afirma que el informe de la Guardia Civil señalaba explícitamente que las obras no contaban "con la correspondiente autorización", por lo que difícilmente ella podía haberla firmado. Lo único que hizo fue rubricar un informe de "medidas correctoras para evitar o atenuar los impactos negativos de la obra". La fiscalía termina diciendo que sólo cumplió con su deber.