El Gobierno saca de la cárcel a Barrionuevo y Vera

José Barrionuevo, ex ministro socialista de Interior, y Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, saldrán hoy de la cárcel de Guadalajara, a los tres meses y medio de haber ingresado en ella, al beneficiarse de un indulto parcial que ayer les concedió el Consejo de Ministros. Al habérseles otorgado el tercer grado penitenciario restringido podrán salir los fines de semana y en breve acceder al régimen abierto (acudir a la prisión sólo a dormir) si presentan un contrato de trabajo, entre otras posibilidades.

Barrionuevo y Vera, penados con 10 años por el secuestro de Segundo Marey en 1983 por parte de los GAL, se han visto favorecidos, al igual que ocho de los otros diez condenados -Julián Sancristóbal, Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo, Ricardo García Damborenea, Francisco Saiz Oceja, Julio Hierro, Luis Hens y José Ramón Corujo-, por un indulto de dos tercios de las penas a propuesta del mismo tribunal, la Sala Segunda del Supremo, que les sentenció en julio.

Tras la decisión del Ejecutivo, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se encargará de administrar las excarcelaciones o los beneficios de los indultados.

El Gabinete argumentó, a través de su portavoz, Josep Piqué, que se ha limitado a respetar el criterio del Supremo, que abogó por el indulto parcial en un informe enviado el pasado martes al Ministerio de Justicia. Piqué admitió que un sector de la opinión pública puede "sorprenderse" por esta determinación, pero insistió en que "no es función del Gobierno comentar los criterios del Supremo". La pena tanto de Barrionuevo como de Vera queda ahora reducida a tan solo tres años y cuatro meses.

Movilizaciones

Desde el día del encarcelamiento de ambos, el pasado septiembre, los dirigentes del PSOE han movilizado al partido y a sus simpatizantes para que todos los sábados se celebrara una concentración ante la cárcel para exigir su libertad. En agosto, un grupo de militantes de Ciudad Rodrigo (Salamanca) solicitó al Gobierno que fueran indultados.Ésa fue la reacción de los socialistas ante una sentencia que consideraron injusta y que contribuyó a enrarecer aún más sus relaciones con el Ejecutivo que preside José María Aznar.

El Consejo de Ministros intentó ayer mantener una postura de máximo equilibrio. Justificó el indulto parcial por "coherencia" con la "habitual doctrina de este Gobierno" de atenerse a las decisiones de los tribunales. En este caso, a la recomendación del Supremo, que se pronunció en apoyo del indulto de los dos tercios de las penas de los condenados, excepción hecha de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez al considerar que ya están suficientemente beneficiados con su excarcelación por la acumulación de penas a otra condena anterior que pesaba sobre ellos.

Piqué no fue tan tajante al pronunciarse acerca de si el Ejecutivo suscribe los criterios del Supremo. "Son aceptables", dijo con cierta distancia. La Sala Segunda alegó que ha transcurrido un largo tiempo, 15 años, desde que se produjeron los hechos delictivos, que los autores de los mismos no actuaron con fines de carácter personal o egoísta y que no reincidirán en comportamientos similares. El portavoz admitió que la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, responsable del informe que ayer estudió el Consejo, no se refirió a la totalidad del expediente, que tiene más de 3.000 folios, dada la celeridad de la tramitación, pero sí permitió que se definieran criterios "lo suficientemente claros" como para que se ejerciera el derecho de gracia.

El Ejecutivo no sólo trató de proteger su decisión amparándose en el respeto al Supremo, sino que incluso realizó un movimiento político de equidistancia. Piqué llegó a expresar que "una parte de la opinión pública puede sorprenderse" de que la Sala Segunda del Supremo decidiera en julio una dura condena y "escasos meses después" haya informado en un "sentido distinto".

Pero, a renglón seguido, volvió a justificar el acuerdo tomado: "Este Gobierno siempre ha mantenido el respeto a las decisiones judiciales. No es función suya comentar los criterios del Tribunal Supremo".

Piqué trató de evitar el reconocimiento de que los indultos concedidos por el Consejo se han tramitado con rapidez inusual por sus especiales circunstancias. Así, manifestó que existen otros casos, que no citó, en los que la tramitación ha sido también veloz.

No obstante, tras señalar reiteradamente que desde que gobierna el PP la tramitación de los indultos se ha reducido de más de dos años y medio durante la etapa socialista a un mes en la actual, el portavoz terminó por admitir que esta vez "la tramitación ha sido más rápida atendiendo a las circunstancias del propio tema". "La voluntad y la realidad del Ministerio de Justicia", indicó, "es que cuando hay informes positivos del tribunal sentenciador y concurren una serie de circunstancias se tramiten con la máxima celeridad posible".

"Altura de miras"

El portavoz recordó que el Ejecutivo ya anunció que aplicaría el derecho de gracia que le otorga la Constitución a los condenados por el caso Marey cuando lo considerase oportuno y con un criterio de "altura de miras". Piqué no quiso ir más allá en público, pero el Gabinete ha manifestado oficiosamente que desea cerrar las heridas abiertas por este asunto, así como por las consecuencias políticas que arrastró la sentencia. Una de ellas fue el deterioro de sus relaciones con el PSOE.El ministro portavoz no quiso responder directamente a la pregunta sobre si la decisión del Ejecutivo facilitará ahora sus relaciones con el primer partido de la oposición. Pero sí lo hizo indirectamente: "El diálogo es más fácil cuando no se ponen en cuestión determinadas instituciones. Cada fuerza política debe asumir su propia responsabilidad y no debe vincularla a episodios judiciales concretos". Luego, insistió en que la política del Gobierno es facilitar "la fluidez" con el PSOE "en temas de Estado".

Piqué también salió al paso de las insinuaciones de que el Ejecutivo ha indultado con celeridad por temor a las presiones socialistas. "La decisión ha sido absolutamente independiente del exterior", afirmó con contundencia.

Aunque no hace suya esta posición, el Gabinete es sensible a que un sector del electorado, incluso del PP, estime que no es equitativo que se empiecen a adoptar medidas de flexibilización penitenciaria con los reclusos etarras y, sin embargo, quienes encabezaron la lucha antiterrorista en los difíciles años ochenta sigan en la cárcel.

A preguntas de los periodistas, el portavoz negó que exista discriminación respecto del tratamiento que se da a los anteriores dirigentes de Herri Batasuna, en prisión desde hace un año por colaboración con banda armada por el caso del vídeo electoral de ETA. Piqué recordó que en su caso no hay un informe favorable por parte del tribunal sentenciador.